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Provincia-Granada

Armilla pone en marcha su Ordenanza ciudadana para cuidar los espacios públicos

R. I.

Miércoles, 1 de abril 2009, 11:15

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La Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana de Armilla permitirá al Ayuntamiento poner en marcha una serie de medidas que engloban desde la mejora de servicios; la concienciación ciudadana y sanciones con el objetivo de mejorar la situación de los espacios de convivencia. Así lo señalaba ayer el alcalde del municipio, Gerardo Sánchez, en la presentación de la citada ordenanza junto a la concejala de Medio Ambiente, Manuela Bertos, al afirmar que el objetivo principal de este documento «es conseguir un alto nivel de excelencia en la limpieza, mantenimiento y conservación de todos los espacios públicos».

Como novedades resaltar la regulación de la publicidad en la vía pública; ocupación de la vía sin autorización, y la responsabilidad de los menores cuando incurra en algún comportamiento contemplado en la ordenanza, los padres son los responsables subsidiarios. Contempla también de forma expresa el caso de los menores que en horario lectivo se encuentran fuera de los centros escolares, en cuyo caso, la Policía Local procederá a la custodia hasta que los tutores legales los recojan.

Entre las actuaciones sancionadoras se encuentra también la prohibición de arrojar residuos a la vía pública; dañar el mobiliario urbano así como la autorización municipal o prohibición de actuaciones como el reparto o buzoneo y la colocación de carteles u otra publicidad estática en fachadas o mobiliario urbano.

La ordenanza obliga a las nuevas construcciones a que cuenten con un recinto para guardar los contenedores de basura, en caso de imposibilidad técnica, viviendas unifamiliares deberán pagar una tasa para soterrar los contenedores. Asimismo, penaliza la no recogida de los excrementos de animales domésticos en la vía pública y persigue la realización de grafittis y pintadas en lugares no autorizados, afirma la concejala.

Las sanciones irán desde los 100 euros, las faltas leves hasta los 3.000 euros para las muy graves, cantidad a la que se sumará el coste que suponga para el municipio las reparaciones que haya podido originar la infracción cometida.

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