Francia detiene a la cúpula de la Batasuna legal en una operación sin precedentes

El sur de Francia, que siempre ha funcionado como refugio logístico, documental y financiero de Batasuna, había incrementado esta actividad a raíz de la ilegalización de sus «compañeros del sur». El mayor dinamismo de esta formación en la zona, sin embargo, no ha sido correspondido por una aumento proporcional en el respaldo social.

Del mismo modo que en Euskadi Aralar salió de Batasuna, en el País Vasco francés se desgajó Abertzaleen Batasuna (AB) en 2001. No obstante, al contrario que en la Comunidad Autónoma Vasca, el protagonismo y el peso político por número de apoyos y representantes lo ostenta AB en la región. La escisión se debió a su desmarque de la violencia y a la búsqueda de una independencia a diferentes ritmos, según los territorios. Una decisión que fue acompañada del éxito electoral.

En las elecciones municipales y cantonales del pasado mes de marzo, el voto abertzale, representado por la coalición Euskal Herria Bai -compuesta por AB, Batasuna y EA-, subió más de un 40% respecto a hace siete años, suponiendo el 15% de los votantes. Este resultado se tradujo en la obtención de unos 200 concejales y una veintena de alcaldes en una pequeña región de 260.000 habitantes.

Estrategias

En vísperas de estas elecciones se constataba la paradoja de que en un país donde no existen subvenciones para los grupos municipales, AB -con doce alcaldes y un centenar de ediles- disponía de una sola persona liberada, mientras que Batasuna -con apenas una decena de ediles- tenía más de diez. Una circunstancia que concedía a la coalición una superioridad organizativa y movilizadora abrumadora sobre el resto.

En este contexto, la suspensión de actividades de ANV y EHAK y la detención de varios dirigentes des el pasado mes de febrero, habían llevado a Batasuna a una situación de clandestinidad sin precedentes, en la que sus movimientos en Euskadi eran cada vez más restringidos. Por contra, su asentamiento en Francia, desde donde marcaban las estrategias, parecía garantizado. Las fuerzas de seguridad francesas, por orden de los juzgados y de la fiscalía antiterroristas de París, detuvieron ayer a la plana mayor de Batasuna en la operación de más envergadura desarrollada hasta la fecha contra el brazo político de ETA a este lado de la frontera. La ministra del Interior gala, Michèle Alliot-Marie, eludió enmarcar los arrestos en un hipotético proceso de ilegalización de una formación tolerada en su país como asociación ciudadana pero sin rango de partido político.

Unos 150 policías y gendarmes irrumpieron a partir de las seis de la mañana en una docena de domicilios del País Vasco francés en los que detuvieron a un total de catorce personas. Dirigieron el dispositivo sobre el terreno los jueces antiterroristas Laurence Le Vert, Marie-Antoinette Houyvet y Edmond Brunaud así como un vice-procurador de la Fiscalía de París. Los magistrados supervisaron la ejecución de una comisión rogatoria en el marco del sumario que instruyen por el atentado en 2006 contra el complejo hotelero en Bidarray del chef Alain Ducasse.

Por su parte, la sección antiterrorista de la Fiscalía actuó en virtud de una investigación preliminar que tiene abierta sobre los movimientos bancarios en torno al Partido Comunista de las Tierras Vascas. Estas diligencias son consecuencia de la información comunicada la pasada primavera por el juez Baltasar Garzón sobre transferencias ilícitas de fondos procedentes, presuntamente, de la formación recién ilegalizada.

Entre los detenidos se encuentran el portavoz de Batasuna Xabi Larralde así como los también integrantes de su mesa nacional Jean Claude Agerre y Aurore Martin. Además figuran dos antiguos presos preventivos: Jean François Lefort, ex portavoz de Askatasuna; y Giuliano Cavaterra, responsable en Francia de las relaciones internacionales de Batasuna.

Asimismo son interrogadas dos personas que han cumplido condenas impuestas en París por pertenencia a ETA. Se trata de Jokin Etxeberria, responsable del 'aparato internacional' al que se relacionó con la mediación de monseñor Uriarte en la tregua de 1999, y de Jon Irazola, que fue penado en 1991 por servir de agente de enlace entre comandos y la dirección del aparato militar.

La policía no encontró en sus domicilios a Zigor Goieaskoetxea ni a Jon Goio Jiménez, reclamados por Garzón en la causa contra EHAK. El magistrado de la Audiencia Nacional les acusa de ser los beneficiarios de giros por un total de 208.000 euros en compañía de Larralde, Agerre, Cavaterra, Martin y Patricia Martinon, todos ellos detenidos ayer y con sus cuentas bloqueadas desde la pasada primavera por orden judicial. Tres personas, entre ellas una mujer en avanzado estado de gestación, fueron puestas en libertad posteriormente.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la policía inspeccionó la sede de Batasuna, en la calle Cordeliers de Bayona, en presencia de Larralde. A falta de un inventario definitivo, en la cadena de registros se intervino abundante documentación, de tipo doctrinario, contable y financiero, y 2.300 euros. Pero no se encontraron armas ni explosivos.

Calendario diferente

Fuentes de la investigación negaron que las autoridades francesas hubieran aguardado a la resolución la semana pasada ante el Tribunal Supremo de las ilegalizaciones de ANV y EHAK para actuar contra Batasuna a este lado de la frontera. «El calendario judicial francés no tiene nada que ver con el calendario español», proclamaron.

Por su parte, Alliot-Marie puntualizó que una eventual ilegalización es «una decisión que no depende únicamente del Ministerio del Interior». «Es en un marco judicial y, por lo tanto legal, en el que se puede poner en marcha el procedimiento», indicó la ministra, que en una carta fechada el pasado 16 de junio se despedía de los ayer arrestados Larralde y Agerre con su «consideración distinguida y fiel», las dos últimas palabras añadidas de su puño y letra a un texto mecanografiado.

En Francia, donde ETA fue prohibida por un decreto del Ministerio del Interior de octubre de 1972, Batasuna es una agrupación regida por una ley centenaria de 1901, que ampara la libertad de asociación. Pero no tiene rango de partido político pues nunca ha presentado sus estatutos en los registros oficiales. Se presenta a elecciones locales en calidad de plataforma, coalición o lista ciudadana.