El juez Garzón y la memoria histórica

En estos días, también hemos aportado una lista, con más de 6.000 víctimas del franquismo en Granada, solicitada por Garzón a nuestra Universidad. Los colectivos que trabajamos en la memoria histórica vivimos con ilusión y esperanza esta iniciativa judicial destinada a investigar el genocidio franquista. Porque no es razonable que el juez que ha llevado la justicia a los desaparecidos en Argentina, Chile o Colombia, olvide a los desaparecidos en su propio país. Con esta decisión, el Estado de Derecho hace por primera vez honor a su nombre, porque una sociedad democrática no puede dormir con la conciencia tranquila, mientras los restos de 90.000 personas sin identificar sigan tirados en fosas y cunetas. Es necesario sacudir la piel de toro, después de 40 años de represión y 30 de olvido.

Como siempre, las principales críticas al juez de la Audiencia Nacional vienen de los periódicos de la derecha. El Mundo y Abc se comportan como dignos herederos de los rotativos franquistas El Alcázar y Arriba. Lejos de respetar la independencia del poder judicial, presionan para impedir la investigación e intentan desacreditar al magistrado que la promueve: «Lo que busca Garzón no es hacer justicia -decía El Mundo en su editorial titulado 'Truculenta Garzonada'- sino instrumentalizarla para sus fines personales». El Mundo respondía a Garzón con un editorial más próximo al libelo que a la libertad de expresión y que servirá, sin duda, de modelo a los estudiantes de Ciencias de la Información para aprender lo que no deben hacer en periodismo.

Al mismo tiempo, el Partido Popular intenta convertir la Ley de Amnistía de 1977 en una Ley de Punto Final para impedir que se investigue la represión franquista. Un argumento rebatido por el magistrado José Antonio Martín Pallín en su libro 'Derecho y Memoria Histórica', en el que recuerda que son ya varias las resoluciones de organismos internacionales que insisten en que las leyes de amnistía dictadas en casos de crímenes contra los derechos humanos son radicalmente nulas. Se hace necesario derogar la Ley de Amnistía, creada durante la llamada 'transición', porque es preconstitucional y ha quedado obsoleta. Y es que los crímenes contra la humanidad nunca pueden prescribir por una cuestión de decencia e higiene democrática.

Cuando la derecha y su aparato mediático se quedan sin argumentos, recurren a la vieja letanía de 'no abrir las heridas del pasado' y los colectivos de la memoria histórica respondemos: «No se puede abrir lo que no se ha cerrado». Desde Granada, el Partido Popular le dice al juez Garzón que investigue el terrorismo de ETA y olvide el terrorismo de Estado que ejerció durante 40 años el régimen de Franco. Es la doble moral de la derecha granadina -la peor burguesía de España decía Lorca- que sigue anclada en el aznarismo, ya en decadencia, incluso en las filas del propio Partido Popular.

Llevamos casi una década pidiendo a las distintas instituciones información sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la Dictadura, pero suelen respondernos con evasivas, cuando no con silencio. Observamos una clara resistencia a cumplir la Ley de la Memoria Histórica por parte de instituciones que se dicen democráticas. Por eso era tan necesaria la intervención judicial. Porque ahora no pueden eludir la respuesta, ya que estarían cometiendo obstrucción y desacato a la Justicia, tipificados como delito en el Código Penal. ¿Pensaban, de verdad, que íbamos a dejar a nuestros abuelos tirados como perros en las cunetas?

La Iglesia Católica tampoco está dispuesta a colaborar con el juez Garzón que ha solicitado acceso a los archivos de más de 22.000 parroquias para hacer un censo de fallecidos y desaparecidos durante el franquismo. Lejos de facilitar la labor de la Justicia, la Conferencia Episcopal se ha declarado incompetente. Al parecer, sólo es competente para organizar beatificaciones masivas que dedican sus oraciones a los mártires caídos por Dios y por la Patria. Basta con ver la película Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, para entender que los obispos eran los auténticos ideólogos del franquismo y parte esencial del régimen.

La actuación del juez Garzón llega, además, cuando hay todavía 18 ayuntamientos, gobernados por el Partido Popular, que se niegan a despojar a Franco del título de Hijo Predilecto o se resisten a retirar de las calles y plazas públicas los símbolos franquistas. En el caso de Granada, el ayuntamiento ha retirado la placa que rendía homenaje a los 2.400 republicanos fusilados en la tapia del cementerio, pero mantiene un monumento al fascismo en la plaza de Bibataubín.