Cientos de granadinos rechazan trabajar en el campo pese a las terribles cifras del paro

Si no todos, la mayoría de granadinos en paro prefieren esperar otras ofertas antes que participar en alguna campaña agraria. Por eso, los empresarios se ven obligados a buscar mano de obra más allá de nuestras fronteras. En concreto, según datos de la Subdelegación del Gobierno, fueron 690 los contratos en origen firmados en la provincia. Pese a que la cifra es considerablemente menor a la mayoría de provincias andaluzas -con Huelva y Almería a la cabeza, que nos triplican-, desde que se iniciaran en 2005 se ha quintuplicado el número de temporeros contratados en origen.

Este dato, combinado con el dudoso honor de que Granada sea la provincia andaluza donde más crece el paro, rechazar trabajos suena incoherente.

Sin efectivos

Luis Rubiales, delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, asegura que, pese a que no sea su competencia, «los contratos en origen no se pueden ni se deben suprimir porque los peones agrícolas son necesarios y no suena razonable perderlos».

Rubiales, además, habla de una circunstancia que considera que no es «muy conocida» por la sociedad. En Andalucía, para realizar una contratación de inmigrantes en origen, los empresarios tienen que hacer una petición directa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «En cuanto que la recibimos, cotejamos el perfil buscado en nuestra base de datos y primero -subraya-, les ofrecemos esos posibles puestos de trabajo a los inscritos en el paro». De esta manera, todos los inmigrantes que viajan a Granada -Andalucía- con su contrato firmado ha sido porque no ha habido ningún granadino dispuesto a ocupar la plaza.

«Cuando no hay gente -sigue Rubiales- doy al empresario en cuestión un certificado de negatividad con el que ya pueden traer a extranjeros. Así que todos los inmigrantes que se contratan es por carencia de propios».

Hay más requisitos: los empresarios deben hacer la solicitud con tres meses de antelación especificando la mano de obra exacta que necesitan. Por supuesto, debe haber un contrato en regla de por medio y han de facilitarle alojamiento al trabajador durante el periodo acordado. Algunos empresarios recurren a cortijos propios que acondicionan para la ocasión, otros alquilan pisos y locales o instalan módulos prefabricados. Comodidades, por lo que parece, ninguna.

Asociaciones

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) es una de las tres asociaciones que se encargan de gestionar con las administraciones las contrataciones en origen. Junto con UPA y Asaja, COAG lleva tres años con este modelo y han pasado de los 20 del primer año a los 106 extranjeros de 2007. Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía, apunta que en Granada hay contrataciones de este tipo en el olivar, el espárrago y en hortalizas -actualmente en Ugíjar-. Representan a un 7% del total de trabajadores del campo, que en un 98% son también inmigrantes pero ya asentados.

«El sector agrario ha legalizado muchísimos inmigrantes que luego se han ido yendo a la construcción y al sector servicios. Por eso, los que había, no valen y esta modalidad da muy buen resultado para el trabajador y el empresario. Además, cuando terminan vuelven a su país, con lo que no pierden el arraigo», detalla López. Desde COAG advierten de que sin la contratación en origen, la mano de obra agraria no está garantizada. La asociación comprende que con las actuales cifras del paro «tengan prioridad los desempleados de nuestro país» y están dispuestos a colaborar «en la medida de lo posible para paliar la crisis. Sin embargo, insisten en que «la mayoría de los parados inscritos en el SAE no está dispuesta a trabajar en el campo y prefieren seguir cobrando el paro».

Manuel del Pino, secretario general de Asaja Granada, recalca el problema: «Hasta la fecha se han fomentado las contrataciones en origen para las tareas agrícolas debido a su difícil cobertura en el mercado nacional de trabajo, contribuyendo además al desarrollo de países menos favorecidos. Romper con el trabajo realizado, sería desmerecer el esfuerzo de organizaciones agrarias e instituciones».