España crea un frente común contra la directiva de las 65 horas semanales

En ese trámite Parlamentario, España seguirá defendiendo su oposición al proyecto de directiva acordado en Bruselas. Así, lo aseguró desde Suiza el titular español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que intervino en la asamblea plenaria de la OIT. «Podemos calificar el proceso de éxito porque cuando llegamos el lunes (a Bruselas) sólo tres países estábamos claramente en posición (España, Chipre y Grecia), y durante el día, con la negociación que pivotó bastante España se incorporaron Bélgica y Hungría», señaló.

Acciones de protesta

Frente a la lectura que realiza el Gobierno, CC. OO. y UGT se apresuraron ayer a tildar de «agresión» la directiva comunitaria. Consideran que «estamos ante el mayor ataque a los trabajadores desde la creación de la Unión». Por su parte, CEOE lanza un llamamiento a la tranquilidad y solicita el alejamiento de los «análisis catastrofistas». Las tres organizaciones coinciden en que ahora el PE tiene la llave para que la medida prospere con rapidez o para que, por el contrario, se abra un largo proceso cuya resolución puede demorarse hasta seis años. Hasta la fecha el Parlamento siempre se ha mostrado contrario a iniciativas de estas características.

Sí efectivamente la Cámara rechaza el plan del Consejo será necesario crear una comisión entre ambos órganos para elaborar una propuesta de consenso. Al haber, por medio, celebración de elecciones europeas los trámites se demorarían y se llegaría al año 2010 con el conflicto sin cerrar.

En esa fecha, España cobraría protagonismo al ostentar la presidencia europea durante el primer semestre y, dado que el ponente de la comisión tendría que ser un representante del país dirigente, su posición podría inclinar la balanza. Por otro lado, el sí del Parlamento en primera instancia implicaría la traslación de la directiva a cada país, aunque su texto no es de obligado cumplimiento. El alcance de la norma es que establece una posibilidad. No obstante, la aplicación de cualquier decisión llevaría varios años.

Paralizada

La iniciativa de aumentar la jornada estaba paralizada desde hace años por Francia, Italia y España, entre otros países, que ejercían la minoría de bloqueo. De este trío, se han descolgado los dos primeros mientras que el Gobierno de Zapatero se inclinaba por una abstención crítica. El secretario de Acción Sindical de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, apuntó que la directiva supone «el mayor ataque al derecho laboral desde la creación de la UE».

«Su texto choca contra cualquier idea de conciliar las vidas personal y profesional y provocará el aumento de los accidentes laborales puesto que a más horas de trabajo más estrés», añadió Toxo. La ejecutiva de UGT señaló que el aspecto más preocupante de la directiva, junto con el alargamiento de la jornada, es que introduce una regresión en la protección de los trabajadores.

En tono mucho más distendido, el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, Fernando Moreno, lanzó un mensaje tranquilizador. «No se prevé que en España a corto y medio plazo se vayan a trabajar 60 horas semanales», argumentó que ahora la jornada máxima es de 48 horas «condición que no nos afecta, puesto que nuestra jornada es de 40». A su juicio, si el Gobierno de Zapatero hubiera mantenido el rechazo frontal a la directiva, en 2010 tendría complicado liderar la conciliación si, como es de esperar, el Parlamento rechaza el texto. En consecuencia, abogó por dejar de realizar «análisis catastrofistas».