Los brujos deberán demostrar sus poderes

La actividad de videntes y hechiceros está regulada en Reino Unido desde la promulgación del Acta de Brujería de 1735, que acabó con las ejecuciones de quienes decían tener poderes extraordinarios, pero asumió que todos ellos eran artistas del engaño que podían ser castigados con multas o penas de cárcel. Esta ley fue derogada cuando entró en vigor el Acta de Mediums Fraudulentos de 1951, en la que se daba la vuelta a la tortilla: la norma a la cual sustituirá la directiva europea el 26 de mayo presuponía la existencia de 'mediums genuinos' -auténticos clarividentes, telépatas, espiritistas...- y contemplaba penas de un máximo de dos años de prisión para aquéllos que se demostrara que eran un fraude.

Negocio millonario

«La dificultad a la hora de probar que un médium no es genuino es probablemente una de las razones por las cuales ha habido menos de diez procesos en los últimos veinte años», explicaba ayer a este periódico Hanne Stinson, directora ejecutiva de la Asociación Humanista Británica (BHA). Esta entidad aboga por una organización social laica libre de religiones y supersticiones, y cuenta con miembros activos tan destacados como el literato Salman Rushdie, el biólogo Richard Dawkins y John Maddox, ex director de la revista 'Nature'.

Los 'psíquicos' -como les gusta denominarse- británicos se manifestaron el viernes ante el 10 de Downing Street, residencia del primer ministro, donde entregaron una petición firmada por 10.000 de ellos para que el Gobierno de Gordon Brown no revoque el Acta de Mediums Fraudulentos de 1951 en beneficio de la directiva europea. El colectivo, cuyo volumen de negocio supera los 50 millones de euros anuales, se enfrenta a tener que advertir a su clientela de que lo que hace -sea curar gente, hablar con los muertos o ver el futuro- es sólo un entretenimiento sin base real o, de lo contrario, a probar sus poderes en los tribunales para evitar multas y hasta la cárcel. «Lo nuestro es un sistema de creencias. Sometiéndonos a las leyes de protección del consumidor, tendremos que probar aquello en lo que creemos. Otras religiones no tienen que hacerlo», se quejaba hace una semana la sanadora Carole McEntee-Taylor, presidenta de la recién nacida Asociación de Trabajadores Espirituales.

«Es un engaño por parte de los espiritistas decir que como practicantes 'religiosos' no deben estar sometidos a las leyes de consumo. La industria 'psíquica' es enorme y lucrativa, y explota a gente muy vulnerable e ingenua con afirmaciones para las que no hay pruebas científicas», puntualiza Stinson, para quien ha llegado el momento de que el Gobierno actúe en defensa de las víctimas de lo paranormal. «No estamos hablando de libertad de culto. Cualquiera puede creer en lo que quiera, pero, si uno presta un servicio a cambio de un pago, tiene que demostrar que el servicio que ofrece es real, algo que en estos casos es imposible», afirma el abogado Fernando L. Frías, presidente del Círculo Escéptico, asociación que trabaja en coordinación con la BHA y otras entidades europeas en la lucha contra la superstición.

Petición en España

Un portavoz del Ministerio de Sanidad y Consumo español indicó ayer a este periódico que la directiva europea se transpondrá a nuestra legislación este año y confirmó que la norma incluirá implícitamente la exigencia de que los brujos demuestren los poderes por los que cobran a sus clientes. El Círculo Escéptico va a reclamar, además, al Gobierno central y a los Ejecutivos autónomos que la ley contemple medidas preventivas, dentro de una petición que va a colgar en su página web (http://circuloesceptico.org), «abierta a la firma de quien quiera que se regule un sector que se aprovecha de la buena fe de la gente».

«Las autoridades tienen que apostar por la prevención, por la vigilancia del mercado de lo paranormal, como se hace con el de los juguetes y el de los complementos dietéticos. Estamos hablando de un tipo de fraudes que en muchos casos tienen graves consecuencias económicas y para la salud de las víctimas», sentencia Frías.