El pleno del Ayuntamiento aprueba la ordenanza que regula la ley antibotellón en la capital

La norma sólo permite beber en la calle en fechas concretas, precisamente en el Corpus y el Día de la Cruz, y contempla sanciones que van desde los 100 a los 60.000 euros.

Según la ordenanza, serán responsables de las infracciones sus autores materiales, excepto cuando se trate de menores de edad, en cuyo caso responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan su custodia legal.

"Errores importantes"

IU pidió la retirada del borrador de esta norma y que sea debatida en el próximo pleno, lo que otorgaría a los grupos políticos 5 semanas para consensuarla más.

El concejal de esta formación, Manuel Morales, advirtió de la existencia de "errores importantes" en la ordenanza, como que el Gobierno municipal responsabilice a los hosteleros de que los clientes salgan a la calle con la bebida en la mano, lo que el edil consideró "una dejación de funciones" por parte del Consistorio.

Morales también pidió mayor participación ciudadana en la elaboración de esta norma, con la que, según dijo, se van a crear "algunos problemas más, aunque también se solucionen otros" y por ello pidió dialogar la ordenanza con hosteleros o asociaciones relacionadas con la protección de los menores, entre otros colectivos.

Nuevo Botellodromo

El concejal socialista Pablo Hervás, por su parte, lamentó que, con respecto al botellódromo, la ordenanza sólo exponga dónde se ubicará, pero "no hay ni una sola propuesta de contenidos para el mismo".

"No sabemos qué actividades lúdicas, deportivas, culturales o las que sean van a estar permitidas dentro del local y cuál es la propuesta de contenidos del Ayuntamiento", dijo Hervás, quien pidió saber "cómo va a conseguir el Gobierno local que aquello no se convierta en un gueto alcohólico para jóvenes".

El concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida, defendió la ordenanza y consideró que será un instrumento útil para regular este fenómeno callejero, y aseguró que, en su diseño, el Gobierno local se ha basado en la Ley aprobada en el Parlamento Andaluz, adaptándola a las necesidades concretas de Granada.

Por otro lado, los grupos políticos consensuaron, a petición de IU, una moción sustitutoria de otras dos de PSOE y PP en la que acordaban solicitar tanto al Ministerio de Fomento, como a la Junta y al Ayuntamiento granadino, que, en sus respectivas competencias, agilicen la licitación de los tramos del metro a su paso por el municipio de Granada y la integración del ferrocarril de Alta Velocidad a la ciudad.