La justicia embarga los bienes de Rato hasta cubrir una fianza civil de 18 millones

Lo curioso de caso es que fue el propio Rato quien un mes después de que el magistrado bloqueara sus bienes, el pasado 17 de abril al tiempo que ordenaba los registros en su domicilio y varios despachos profesionales, pidió que se le impusiera una fianza para liberar su patrimonio financiero. Pero sus abogados no contaban con que la suma impuesta fuera finalmente tan elevada y por eso recurrieron la medida, ahora confirmada y ejecutada a la vista de que no han podido reunir esos 18 millones en alguna de las formas que prevé la ley: desde un talón hasta un aval bancario o incluso propiedades, que luego habrían de ser tasadas.

El bloqueo decretado por el juez hace cinco meses afectaba a sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y de pensiones, junto a otros productos financieros. Además, en el Registro de la Propiedad se puso un asiento para alertar de que sus bienes están bajo investigación judicial. Lo que ahora se hará es directamente ordenar el embargo de bienes hasta cubrir la cuantía referida, incluyendo también los ingresos que recibe de forma periódica, fundamentalmente los 80.000 dólares anuales (unos 71.000 euros) en concepto de pensión vitalicia por haber sido director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El expolítico metido a financiero, sin embargo, tratará de mantener la tela de araña societaria que viene tejiendo hace años, partiendo en parte del 'holding' de empresas creado por la familia Rato, vendido la década pasada con unos beneficios llamativos pese a arrastrar deudas por más de 30 millones. Tal es lo tupido de la red que se extiende por varios paraísos fiscales, desde Gibraltar hasta las islas británicas del Canal pasando por Panamá, Suiza, Luxemburgo y las Antillas holandesas, entre otros.

Un entramado complejo

La información recopilada por el fisco revela que tiene participaciones en sociedades radicales en hasta 14 países, que van desde los 3,2 millones de euros hasta otras minoritarias en el entorno de los 120.000 euros. Eso en el exterior, porque en España su entramado alcanza las 21 sociedades. En media docena aparece directamente como administrador, mientras en el resto figuran en ese cargo familiares directos o personas de su entorno.

El exdirigente del PP evita en lo posible aparecer al frente de esas propiedades. Así, su domicilio (un piso de 300 metros cuadrados en el cotizado barrio madrileño de Salamanca) y su despacho profesional (próximo a su vivienda) están en parte a nombre de una firma instrumental. Bajo su titularidad exclusiva sólo figuran parte de una nave en Alcorcón (Madrid) y siete fincas rústicas en Mieres (Asturias).

En la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) estiman, no obstante, que el valor del patrimonio que está bajo su control superaría los 27 millones de euros. Rodrigo Rato está imputado, junto al empresario mexicano Alberto Portuondo -su presunto testaferro y en prisión preventiva desde mediados de agosto ante el riesgo de que pueda huir de la justicia o destruir pruebas- y el abogado Domingo Plaza el supuesto cerebro de buena parte de sus operaciones de ingeniería fiscal y que sigue en libertad sin medidas cautelares tras declarar este jueves en el juzgado-, por presuntos delitos fiscales (el fraude a Hacienda se estima en 2,5 millones), de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.

Precisamente a raíz de afianzar los indicios sobre el presunto delito de blanqueo, la Fiscalía Anticorrupción pidió que el caso pasara a la Audiencia Nacional. El juez del 'caso Bankia', Fernando Andreu rechazó esa competencia al entender que el origen de la actuación aparentemente ilícita de Rato está en Madrid, pero el Ministerio Público ha recurrido esta decisión bajo el argumento de que el expolítico realizó muchas operaciones financieras en el exterior, hasta el punto de entre 2006 y 2014 una de sus sociedades patrimoniales recibió hasta 6,5 millones de euros del exterior "cuyo origen se desconoce".

Y rastrearlos por ejemplo, a través de comisiones rogatorias a otros países- para depurar si existe alguna responsabilidad penal por ello, advierte la Fiscalía, resultaría "inasumible" si la investigación continua en los juzgados de Madrid dada su falta de medios suficientes.