Los problemas económicos amenazan el futuro de la Orquesta Ciudad de Granada

La cantidad que separa la penuria de la tranquilidad son, según las estimaciones de los técnicos, unos 300.000 euros. Los mismos que el Ayuntamiento pone en especie, además de los 1,4 millones en dinero contante y sonante que aporta cada año, según pusieron de manifiesto los representantes del Partido Popular en la Comisión de Cultura mensual del consistorio, celebrada ayer.

Los problemas presupuestarios de la OCG se arrastran desde 2008. En aquel momento, los porcentajes de participación de las instituciones eran: 40% de la Junta, 40% del Ayuntamiento, 10% de la Diputación y 10% de CajaGranada. Antes, ese 10% de la entidad crediticia lo había sufragado la ONCE. Aquel año, la entidad residenciada en el 'cubo' de la carretera de Armilla decidió dejar de hacer aportaciones directas a la Orquesta, y abandonó el Consorcio que la rige. La otra entidad crediticia de la provincia, Caja Rural de Granada, ha permanecido durante todo este tiempo como patrocinador, pero nunca ha formado parte del Consorcio.

Desde aquel momento, las tres administraciones llegaron al compromiso de enjugar ese 10% subiendo sus aportaciones. Llegó la crisis económica, y todas ellas se apretaron el cinturón. También los músicos, que rebajaron sus salarios. Pero los compromisos de gasto adquiridos con anterioridad -invitaciones a directores y solistas, y otros desembolsos-, empezaron a lastrar el balance. Se intentó que Gegsa, la empresa municipal que ejerce como 'casera' de la formación por ser quien gestiona su sede -el Auditorio Falla-, entrara como parte del Consorcio, pero problemas legales lo impidieron.

Ahora, los miembros de la Orquesta ven como tabla de salvación la aprobación de unos nuevos Estatutos para el Consorcio, que reflejan las especiales características de la Orquesta, y aseguran su financiación. Un Estatuto que empezó a redactarse en 2013, y cuya primera redacción se presentó en 2015. Un texto influido sin duda por la sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a que la Junta, que en su momento pretendió aportar su contribución al Consorcio por vía de subvención -graciable y de cantidad sujeta a vaivenes-, a poner su parte por la vía de la asignación presupuestaria directa, con una cuantía fija, que los Estatutos definen como igual a la aportación municipal. La Junta ya ha aprobado los nuevos Estatutos, y la Diputación también, pero el Ayuntamiento aún no. Debería hacerlo en el último pleno del año, pero ayer surgió el escollo planteado por PP y Ciudadanos, que no ven claro que el Ayuntamiento aporte más -sumando dinero y costes de mantenimiento-, que la Junta, y que piensan que la institución autonómica debería igualar con dinero u otra fórmula la aportación municipal. «Lo contrario es regalarle a la Junta 300.000 euros», dijo el concejal del PP, Juan García Montero.

Con estas premisas, los nervios son más que evidentes. Desde la Orquesta, quieren estar respaldados por un Estatuto nuevo. Desde el equipo de gobierno municipal, condicionados por unos presupuestos prorrogados desde 2015, también quieren que se apruebe el Estatuto cuanto antes, para trabajar con tranquilidad. Ahora mismo, 85 de cada 100 euros que entran en la Orquesta lo hacen vía presupuesto de las tres administraciones 'paganinis'. De los 15 restantes, 10 entran por taquilla -puede parecer poco, pero es lo que hay, y ha crecido la cantidad de los últimos años hasta colocarse en torno a los 250.000 euros-, y los cinco restantes -en torno a los 130.000-, por patrocinios. Tampoco parece mucho, pero está en la media de lo que reciben por este capítulo las orquestas andaluzas. Entre los proyectos inmediatos en este terreno está la inclusión de la OCG en el Bono Turístico, y acciones para atraer a públicos de alto poder adquisitivo, como los cruceristas que llegan a Motril.

Lo idóneo para que la Orquesta funcionara sin sobresaltos sería, según Alicia Pire, gerente de la misma, «que las aportaciones públicas cubrieran los gastos de funcionamiento, y que los ingresos de taquilla y patrocinio se dedicaran a pagar las actividades y a mejorar la programación». A este respecto, Izquierda Unida tiene la intención de llevar al Parlamento una iniciativa que garantice precisamente esto, es decir, que las administraciones paguen cada año los gastos generales de la Orquesta, sin que se tenga que acudir a los ingresos por taquilla para pagar salarios.

Ayer, el representante del comité de empresa, Jaume Esteve, concretó algunas de las carencias más importantes en el día a día de la Orquesta, y ofreció la opinión de los músicos. Al respecto, afirmó que «la realidad de la Orquesta es que las nóminas no están aseguradas. Que en el capítulo de la instrumentación, no se realizan las adquisiciones que son necesarias. Que llevamos 26 años sin tener dinero para uniformes, y que cada uno tenemos que hacernos con el nuestro».

Con respecto a las cuestiones netamente artísticas, Esteve añadió que «la falta de presupuesto nos está impulsando a hacer temporadas que podemos llamar austeras, donde la calidad desciende porque las grandes figuras tienen unos cachés que no nos podemos permitir. Hay muchos directores que vienen a Granada por poco dinero o casi nada, por el prestigio que les otorga haber dirigido a esta Orquesta. Pero esta situación no puede prolongarse por más tiempo. Si no ofrecemos una programación atractiva para el gran público, para el abonado, y para eso hace falta dinero. Cubierto el capítulo de nóminas y gastos generales, podremos hablar de mejorar la Orquesta. Hasta entonces, no podemos hacer nada».

La situación está clara. O la formación granadina recibe más dinero, o su futuro, tarde o temprano, se tornará de gris a negro. Desde las administraciones se pide más esfuerzo en aumentar el patrocinio. Pero no es tarea fácil. En lo que sí hay acuerdo es en que la Orquesta Ciudad de Granada debe perdurar.