«Tendremos una ley que recoja la pluralidad del campo andaluz»

¿Cómo asume el reto de lidiar con el sector económico más importante de Andalucía?

El sector agroalimentario ha sido, durante estos años de crisis, un motor de desarrollo económico y lo que es más importante, motor de empleo. Más de 500.000 empleos en Andalucía dependen de la actividad primaria. Creo que es un reto para la generación de riqueza y además ha demostrado con creces ser innovador y que cuenta con una indudable capacidad exportadora. Es fundamental que lo apoyemos. Para mí es un reto importante que asumo con responsabilidad e ilusión propia del trabajo en pro de mejorar la rentabilidad de los productores.

Precisamente, los productores se quejan de que, a pesar de que es fuente de riqueza para Andalucía, la Junta no les apoya como debiera para incrementar ese potencial y generar más empleo. ¿Plantea nuevas líneas para dar respuesta a esta demanda?

Tenemos claro que desde la Consejería de Agricultura vamos a apoyar en todo lo que esté en nuestras manos para potenciar, si cabe, la generación de empleo en el sector agroalimentario, con especial hincapié en el productor, que es la base del sector y que se enfrenta campaña tras campaña a una continua incertidumbre económica. Es un reto ofrecer al profesional del campo una seguridad y rentabilidad económica suficiente para mantener a su familia. Hay que trabajar para que esas macro cifras, muchas veces positivas, tengan reflejo en cada productor, hecho que, lamentablemente no es aún una realidad.

¿En qué cuestiones la Consejería andaluza y el Ministerio de Agricultura están más cerca y en cuáles más alejadas?

Recibimos un varapalo en la anterior etapa, en el reparto de los fondos europeos de la PAC. Mientras que los recursos económicos recibidos por el país se mantuvieron similares, Andalucía fue la más perjudicada ya que dejará de percibir en el nuevo marco más de 500 millones de euros entre el primer y segundo pilar. Me consta que la ex consejera, Elena Víboras, y el anterior equipo de Gobierno defendieron esa injusticia ante el Ministerio, pero no se tuvo en cuenta. No se explicó el por qué Andalucía va a ser la única comunidad autónoma que pierda en el nuevo marco de la PAC. Todavía estamos esperando una respuesta lógica.

¿Qué va a hacer la Junta para tratar de contrarrestar esa merma en los recursos procedentes de la PAC?

La Junta puede tener la intención de minimizar el efecto negativo todo lo que pueda, pero si hay menos recursos el sector lo va a notar.

La tramitación de las ayudas de la PAC ya en el nuevo marco se dificultó y trajo de cabeza a los agentes encargados de gestionar la solicitud debido al modelo de sistema impuesto. ¿Plantearán cambios para facilitar la tramitación de cara al próximo ejercicio?

El nuevo modelo y el retraso de un mes generó complicaciones en la tramitación, es cierto. A partir de ahora, vamos a intentar salvar que en los pagos no existan obstáculos y los productores puedan cobrar en el momento que les corresponde.

¿Guarda algunos apuntes ya de cara a la revisión de la PAC prevista para 2017?

Las nuevas reformas habrá que estudiarlas. En Almería, por ejemplo, siempre se ha demandado que las alhóndigas puedan contar con el mismo apoyo de las cooperativas en el marco de programas operativos. También hay más puntualizaciones en Almería y en el caso de otras provincias andaluzas. Tenemos que trabajar con el sector para determinar cuáles son las peticiones conjuntas de Andalucía y exponerlas cuando llegue el momento de debatirlas en la Unión Europea.

Asaja advierte de que existe una inseguridad jurídica en la normativa europea en cuanto a la asignación de ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Asegura esta organización sobre las solicitudes tramitadas que aunque se ajusten a las bases publicadas por la Junta de Andalucía, algunas de ellas pueden quedarse fuera debido a matices en la normativa europea.

La Orden que publicó la Junta tiene el visto bueno de la Comisión Europea y por tanto no hay ninguna inseguridad jurídica. La Junta defendió frente al Ministerio que en la incorporación de los Derechos de Pago Básico de jóvenes agricultores incluyó, no solo los requisitos establecidos por la UE, sino que también añadió otros nuevos. Hemos pedido que esos requisitos que ponen más trabas y que no son exigidos en la Unión Europea se retiren. Uno de ellos se refiere a que tengan una resolución de la incorporación por parte de la comunidad y esto ahora es imposible porque el PDR aún no se ha aprobado. Lo que queremos es que se eliminen esos obstáculos para no limitar el acceso a las ayudas. El relevo generacional y la incorporación de jóvenes es prioritario para el Gobierno andaluz porque lo necesita este sector y porque es una oportunidad de empleo para muchos jóvenes.

¿Qué papel van a jugar los Grupos de Desarrollo Rural en el nuevo marco? ¿Seguirán funcionando de la misma forma? ¿Van a desaparecer?

Van a seguir funcionando de la misma forma, y seguirán manteniendo el porcentaje presupuestario que manejaron en el anterior marco del PDR. Claro está que los fondos serán menores condicionados por la menor cantidad de recursos asignados para Andalucía en el nuevo PDR.

Se cumple un año del veto ruso. ¿Ha afectado menos o más de lo que se esperaba en un principio?

Un problema derivado de una situación política le está afectando a un sector como el agrícola y ganadero y eso no es de recibo. Es cierto que se plantearon unas ayudas a los productores, pero desde la Consejería seguimos considerando que son insuficientes. Por un lado, nosotros hemos propuesto que se hubiesen incluido todos los productos, y algunos de ellos, como por ejemplo berenjena, calabacín y los subtropicales siguen estando fuera. Por otro, hemos visto el problema que existe en cuanto a cotizaciones. El mercado está saturado y existe una caída de precios. Estamos perdiendo una oportunidad de entrar en un mercado como el ruso, con 150 millones de consumidores, el que están ocupando nuestros competidores. Eso quizá, en un primer momento, no se vio tanto, pero estoy convencida de que será una posibilidad perdida. Revertir esta situación será complicado.

Pero después, sobre el papel no se utilizan todos los recursos disponibles para las retiradas, por ejemplo en frutas y hortalizas. ¿Cómo se justifica ante la Unión Europea que no se ofrece todo lo que el sector precisa?

La vitalidad del sector de frutas y hortalizas y su capacidad emprendedora hace que busquen otros mercados para los productos que destinaban a Rusia. No obstante, el ruso es un mercado muy importante para el que tenemos la puerta cerrada.

¿Para cuándo se espera que la Junta vuelva a subvencionar la contratación del seguro agrario?

Las ayudas que se suprimieron en 2012 volverán cuando haya disponibilidad presupuestaria, por lo que no hay fecha aún para que se implante de nuevo. Es el mejor camino para garantizar el futuro de la explotación es el seguro. Si en algún momento puede ser posible, mi apuesta por ello es clara. Pasamos de la sequía a las tormentas que destrozan explotaciones y cosechas, y los productores tienen que saber que su única garantía y tranquilidad es el seguro agrario.

¿Qué traerá de bueno la Ley Integral de Agricultura que anunció el Gobierno andaluz y sobre la que usted ya se pronunció?

Una Ley de Agricultura en Andalucía es una herramienta necesaria. Es un sector con grandes diferencias, hay actividades pujantes pero también de supervivencia, de mantenimiento de la población rural, y todo ello indica la relevancia de consensuar una normativa que marque un desarrollo en todos los subsectores agrarios. Que sea la de todos y que refleje la pluralidad.

¿Qué camino debe seguir el Ifapa para calar aún más en el sector?

En el nuevo PDR el Ifapa tiene un papel crucial y tiene que volcarse aún más en la investigación que precisan los profesionales, lo que demandan exactamente, para ir de la mano. No obstante, el trabajo que hace está muy reconocido.

Hay duplicidad de proyectos de investigación en la iniciativa privada y pública. ¿Cabe la posibilidad de afinar más en la colaboración para tratar de optimizar recursos?

Existe una estrecha colaboración entre empresas privadas y la iniciativa pública. Esa es la línea de trabajo, la de aunar esfuerzos. No obstante, hay que aumentar esa colaboración para rentabilizar los recursos y que los trabajos que se ponen en marcha sean los se demandan.

Difícil situación la que atraviesa el sector ganadero. ¿Tiene la Consejería algún 'as' en la manga para apoyar a los ganaderos andaluces?

Tras la liberalización de la cuota láctea este sector en concreto está atravesando serios problemas por la caída del precio de la leche. No obstante en Andalucía, aunque la situación es difícil, en comparación con el resto de España, por el alto nivel de integración, es más suave. El reto de este sector es solventar este momento transitorio tomándolo con una oportunidad. Vamos a impulsar y apoyar el desarrollo de la industria láctea y la innovación en ganadería.

¿Cómo queda Andalucía tras la reforma europea en materia de pesca y qué va a primar en sus políticas de cara a este sector?

Tenemos dos líneas materiales abiertas: un plan estratégico de apoyo a la pesca extractiva y otro para la acuicultura. En referencia a la primera línea, el trabajo que vamos a hacer está dirigido a procurar la compatibilidad de la actividad del sector que se dedica a ello con la sostenibilidad de los caladeros, y respetando las directivas marcadas por la Unión Europea. En el caso de la acuicultura, creemos que puede ser un elemento de desarrollo económico y generación de empleo. En estos momentos hay 110 empresas dedicadas a la acuicultura. Vamos a apostar firmemente por esta industria.