Chaves y Griñán, contra el juez que acabó con Garzón

Antes de abandonar sus escaños, Chaves y Zarrías han protagonizado esta semana duros alegatos contra el instructor Barreiro. Griñán también ha recurrido el auto de imputación con igual vapuleo a la actuación del juez. Libran con ello un último intento de que el Tribunal Supremo acepte sus argumentos y archive la causa contra ellos. O al menos dejar constancia de las razones que hubieran expuesto en caso de que se les hubiera permitido recurrir la exposición razonada de Barreiro. Con los escritos declaran la guerra a este.

Una pugna que se prevé difícil. En su contra obra la trayectoria del juez instructor. Alberto Jorge Barreiro (67 años) tiene fama de solvente, pero también de poco indulgente. Ha sido azote en varios procesos famosos, incluso de compañeros de oficio. Puede decirse que fue el juez que acabó con la carrera de Baltasar Garzón. Fue el instructor que sentó en el banquillo al exmagistrado de la Audiencia Nacional por las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel', que, paradójicamente, el magistrado andaluz destapó. Garzón fue inhabilitado.

En su favor, los abogados quieren ver un caso similar al de José Blanco. El instructor del Tribunal Supremo del 'caso Campeón', José Ramón Soriano, no encontró pruebas para acusarle de cohecho como en principio se le investigó, pero acudió al delito de tráfico de influencias contra el político socialista en un alcalde catalán por una concesión a un amigo. Blanco recurrió y la sala penal del Tribunal Supremo archivó la causa contra él al no apreciar pruebas de los delitos que le imputaba el instructor.

Barreiro tampoco ha acusado de malversación de caudales públicos a Chaves, Griñán y Zarrías como pretendía la jueza instructora Mercedes Alaya. Es decir, admite que sus decisiones no tuvieron relación con el fraude de las ayudas. Les imputa el delito de prevaricación administrativa que implica la toma de decisiones arbitrarias e injustas. Para ello les hace conocedores y partícipes de la ilegalidad del sistema de concesión de las ayudas, el de las transferencias de financiación, por aprobar las leyes de presupuestos que las incluían y las ampliaciones presupuestarias destinadas a la partida de los ERE.

Alegaciones

El problema para Chaves y Zarrías es que, a diferencia del caso de Blanco, el instructor del Tribunal Supremo no ha utilizado el auto como vía para pedir el suplicatorio y formalizar la acusación. Lo ha hecho con una exposición razonada, contra la que no cabe recurso a la Sala de lo Penal, que fue la que archivó el sumario contra el exministro de Fomento y número dos de José Luis Rodríguez Zapatero en el PSOE.

Ninguno se ha quedado de brazos cruzados pese a ello. Uno tras otro a partir del lunes han ido trasladando al Tribunal Supremo escritos de alegaciones con la idea de zarandear al alto tribunal sobre un texto de Barreiro «justiciero» y «oportunista», en palabras del abogado Gonzalo Martínez Fresneda, defensor de Gaspar Zarrías. Se trata del mismo abogado que defendió a José Blanco.

Con sus escritos quieren dejar constancia en el alto tribunal de sus diferencias con Barreiro y el por qué. Manuel Chaves inició el ataque al magistrado el lunes. En el escrito de su abogado acusa a Barreiro de «apreciaciones subjetivas» y de caer en el «absurdo» al hilar las acusaciones. «Dicho sea con el máximo respeto, y en estrictos términos de defensa, pero considerar que la aprobación del proyecto de ley de presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma puede ser constitutivo de un delito de prevaricación es, además de gravemente errónea, una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo», afirma el texto del letrado de Chaves.

Ideas «preconcebidas»

El de Zarrías subió el tono y acusa al instructor de cruzar «una línea muy peligrosa» al considerar que el juez no respeta la división de poderes y se permite penalizar la acción meramente política. «Por primera vez se dirige un reproche penal para castigar una responsabilidad que, de existir, sería de naturaleza exclusivamente política», afirma. El letrado entiende que Barreiro responde a ideas «preconcebidas» sobre Zarrías.

El recurso de apelación de Griñán no solo esgrime que Barreiro no es competente para imputarle, puesto que dejó de ser aforado diez días antes del auto de su imputación. Su letrado, José María Mohedano, también arremete contra los términos de la instrucción. Esgrime, en el mismo sentido que Chaves, que no ha lugar un delito de prevaricación cuando no se ha tomado ninguna decisión sobre las ayudas investigadas por fraudulentas. También argumenta que todo lo concerniente al presupuesto de esas ayudas fue aprobado por el Parlamento. «Y desde ese momento pasan a ser un acto del legislativo, no administrativo, con lo que se desvanece el presupuesto del delito de prevaricación».

El expresidente Griñán además ha pedido que sea la sala penal del Tribunal Supremo la que decida si el procedimiento contra él debe seguir en el alto tribunal o no. Un intento de que sea esta sala la que revise la imputación. Una oportunidad también para tumbar el escrito de Barreiro.