La investidura aparcada, ¿hasta cuándo?

El Estatuto de Autonomía andaluz contempla que pasados dos meses de la primera votación (5 de julio) sin que ningún candidato hubiera conseguido mayoría simple de la Cámara para salir investido presidente, esta quedará disuelta y la presidenta en funciones deberá convocar de nuevo elecciones.

El pasado jueves el Parlamento rechazó por tercera vez consecutiva la confianza en Susana Díaz, la única candidata a presidir la Junta de Andalucía esta décima legislatura. Todos los partidos de la oposición en bloque, PP (33 diputados), Podemos (15), Ciudadanos (9) e Izquierda Unida (5) votaron de nuevo en contra, cuando solo con la abstención de 16 diputados hubieran facilitado la investidura de Díaz como presidenta y la constitución del nuevo Gobierno. Ningún partido presenta o tiene intención de presentar ninguna alternativa.

PSOE y oposición se acusan de ser inflexibles y de no ceder en las negociaciones. Como consecuencia de ello la investidura de Susana Díaz sigue en el aire y ni siquiera hay fecha para la cuarta votación, aunque todos los partidos admiten que no será hasta después del día 24.

Habrá entonces que retomar las negociaciones. Pero el panorama que se avecina puede complicar aún más estas. Las encuestas auguran parlamentos fragmentados como el de Andalucía en los que solo habrá mayoría absoluta en Castilla León. El bloqueo y la posibilidad de una segunda cita con las urnas puede darse entonces en 10 de las 13 comunidades que concurren a las elecciones, ya que Castilla la Mancha y Asturias cuentan con modelos diferentes que desbloquearía la elección del presidente.

Andalucía, que iba a ser laboratorio de la nueva política de pactos con la llegada de Podemos y Ciudadanos a los parlamentos, entra en el pelotón de todas, lo que no deja de resultar paradójico. El PP reclamó a Susana Díaz que hiciera coincidir las elecciones con las municipales y resto de autonómicas y la presidenta esgrimió el 28F y la consideración de comunidad histórica con derecho a elecciones propias para situarlas el día 22 de marzo.

La posibilidad de que el acuerdo de investidura en Andalucía se ligue al de otras comunidades está sobre la mesa. Frente a ello Susana Díaz ha advertido que no consentirá que sea «cromo» o «moneda de cambio» con otras instituciones. Durante la campaña advirtió a Pedro Sánchez que tampoco dejará que la dirección federal del partido interfiera en los pactos en Andalucía.

El PSOE federal ha establecido líneas rojas para pactar con PPy Bildu, pero no con los demás. Díaz durante la campaña dijo que tampoco pactaría con Podemos, pero es con este partido con el que el PSOE más ha buscado el acuerdo de investidura. Ahora bien, el fracaso de la investidura de Díaz se debe en parte a que todos los partidos se han atrincherado en sus posiciones de máximos sin apenas ceder. «Nos piden un acto de fe», dijo Manuel Garí, de Podemos. «Algunos han entendido el diálogo desde la imposición y no es de recibo que quien ha ganado las elecciones tenga que asumir íntegramente lo que dicen quienes han perdido. Eso no es dialogar, es dogmatismo», afirma Díaz. Dos premisas que resumen las conversaciones fracasadas.

Podemos y Ciudadanos exigieron las cabezas de Chaves y Griñán, quienes anunciaron su retirada de la política cuando toque (en el caso de Griñán en pocas semanas). Podemos accedió a esta «renuncia en diferido», como la llamó Teresa Rodríguez, pero Ciudadanos exige un escrito de Chaves con el compromiso, a lo que el PSOE no ha cedido tras presiones internas. Podemos pide también que la Junta rompa con los bancos que desahucian. Díaz se niega y ha ofrecido a cambio una batería de medidas antidesahucios que incluye la mediación con los bancos y una comisión parlamentaria que vigile las relaciones de la Junta con estos. El partido morado reclama una reducción drástica de cargos de confianza. El PSOE ofrece un 10% de recorte, pero no da la cifra actual de los que hay y Podemos no se fía.

Ayuntamientos

El PP puso sobre la mesa 146 medidas de su programa electoral, con una bajada de impuestos distinta a la que defiende el PSOE y la supresión total del impuesto de las herencias. El PSOE ni ha entrado a discutirlo. El PP rompió relaciones por la investigación judicial de la concesión de Aznalcóllar, algo que seguirá teniendo eco tras las municipales. Este partido puede perder la mayoría absoluta en algunas de las capitales y diputaciones, cuya gobernabilidad puede añadir a la mesa de negociaciones.

Es decir, si a las condiciones ya esgrimidas de los partidos se unen las de otras comunidades y la de los ayuntamientos de las capitales andaluzas como moneda de cambio, la investidura de Susana Díaz puede verse más complicada que ahora salvo que alguien ceda del todo, admiten fuentes del PSOE y PP.

Los partidos apenas tendrán un mes largo para llegar a un acuerdo, el mismo tiempo que ha transcurrido sin que se llegue a buen puerto hasta la fecha. Unas nuevas elecciones no son hoy por hoy ninguna posibilidad remota, sino todo lo contrario. «Significaría el certificado del fracaso del PSOE», afirman desde Podemos y PP. «Si alguien no las teme es el PSOE y esta candidata», dice rotunda Díaz.