Catorce nuevos detenidos por el fraude de fondos de formación en Andalucía

Con estas catorce detenciones los arrestados ascienden a 31 desde que comenzara ayer esta segunda fase, denominada Edu Costa, y no se prevé que haya más detenciones hoy.

La operación Edu Costa, continuación de la Edu, está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y se puede prolongar varios días con más arrestos y registros.

La investigación, por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, tardará casi un mes en llegar a los juzgados de las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, donde están previstas unas noventa detenciones.

Fuentes cercanas al caso han informado de que se espera que la mayoría de las personas a las que se les está tomando declaración policial queden en libertad, unas con cargos y otras no, y que no sean citadas por los jueces instructores hasta que éstos hayan examinado los atestados.

En la investigación de Edu Costa, que afecta a 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros, hay implicados cargos públicos municipales del PSOE y del PP.

Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones al estar relacionadas con el control y concesión de las ayudas.

En la primera parte de la investigación, el caso Edu, se detectaron, entre otras supuestas irregularidades, falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos e incumplimiento en la contratación de alumnos o anomalías en los partes de asistencia.

Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.

En abril se iniciarán las declaraciones

Las comparecencias, según han indicado las fuentes, se prolongarán durante varios meses y se refieren a las personas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de diciembre de 2010, los cuales ya declararon ante los investigadores.

Así, según han indicado las fuentes, la intención del juzgado es comenzar las declaraciones el 17 de abril y que declaren varias personas cada día fijado, aunque no tengan relación con una misma empresa o subvención. Asimismo, en esta tanda de comparecencias también estarían los funcionarios y responsables del organismo público encargado de conceder las ayudas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social y cuenta con varios informes policiales, en los que se apunta a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y también de control.

Estas pesquisas iniciales se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros-- en la convocatoria de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación. La Policía implicó en esta primera fase a más de 40 personas.

En junio de 2014, la Fiscalía decidió remitir el caso a los juzgados de Málaga con el fin de que siguiera la investigación, solicitando la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades, "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".

El ministerio público estimaba que inicialmente podrían existir "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.