El Defensor del Pueblo, favorable a regularizar viviendas bajo ciertas condiciones

Las declaraciones de Maeztu, que ha estado hoy en Granada en su primera visita institucional desde su nombramiento el pasado año, se ha referido de esta forma a la propuesta anunciada sobre esta materia por la presidenta andaluza, Susana Díaz, de una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística.

Según el Defensor del Pueblo Andaluz, la institución está comprometida desde hace años con la tutela y respeto al derecho constitucional a un medioambiente "adecuado", a la legalidad urbanística y la lucha contra la especulación del suelo.

De acuerdo al informe especial presentado en el Parlamento de Andalucía en el año 2000, se contabilizaron más de 1.000 urbanizaciones ilegales en la comunidad autónoma.

En el mencionado informe, la Defensoría mantuvo un criterio favorable a la regularización de las parcelaciones ilegales, siempre y cuando hubieran prescrito las infracciones cometidas y tal regularización fuera "compatible" con otros intereses públicos que, en todo caso, "es preciso respetar".

Según Maeztu, en cualquier supuesto, los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley deben presidir cualquier proceso de regularización de construcciones ilegales que se aborde por los poderes públicos.

En definitiva, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es "favorable" a que determinadas parcelaciones ilegales sean susceptibles de regularización bajo determinadas condiciones y valorando, caso por caso, los intereses públicos en juego.

Con su visita a Granada, donde el Maeztu se ha reunido con su alcalde, José Torres Hurtado, y la delegada del Gobierno de la Junta en esta provincia, Sandra García, el Defensor del Pueblo Andaluz cierra su ronda de visitas institucionales a las distintas capitales andaluzas desde su nombramiento.

En el encuentro con el regidor de Granada el Defensor ha abordado, entre otras cuestiones, la reforma de Ley de Haciendas Locales en lo que respecta a desahucios, el control limitado de aparcamientos tras pronunciamientos judiciales sobre la zona azul y la transparencia en plenos municipales y el derecho a grabarlos.