Ciudadanos, la corrupción y Cazorla

Finalmente, tras recordar que a la mañana siguiente (este pasado sábado) iban a mantener una reunión con el PSOE para hablar sobre todas estas cuestiones, la nota de C's ponía en boca de su líder regional Juan Marín que «de momento» nada ha cambiado con respecto a «nuestro voto negativo a la investidura» de Susana Díaz.

Con una calculada ambigüedad C's empezaba diciendo que se había desbloqueado la «condición imprescindible» para entenderse con el PSOE. Y terminaba manteniendo el suspense -«de momento»- respecto al apoyo a la investidura. Lógico que digan una cosa y párrafos después la contraria; máxime en vísperas del arranque de una negociación en la que, tras aceptar su famoso decálogo, el único armamento que les queda es decidir si abstenerse, votar en contra o a favor de la candidata socialista.

El anuncio del acuerdo en torno al decálogo contra la corrupción en la vida pública andaluza daba pie a aventurar la posibilidad de que finalmente C's sea el grupo que permita al PSOE-A gobernar la Junta con apoyos puntuales. Y, para llegar a ese punto, es más que lógico pensar que ayuden al desbloqueo de la investidura.

Mañana se abrirá el salón de plenos y comenzarán los intentos de investidura de la presidenta Díaz, algo que el PSOE viene dando por hecho desde hace días, frente a una oposición en bloque cuya posición en contra hacía presagiar muchas más rondas, incluso dentro de la propia campaña electoral que comienza el próximo viernes. Pero tras el principio de acuerdo del viernes con C's cabe preguntarse si no está sobradamente justificada la euforia socialista anunciando que sacarán la investidura adelante y antes de las previsiones vaticinadas por la oposición.

C's: la casa sin barrer

Resultó enormemente paradójico que el mismo día que el partido de Rivera sacaba pecho presumiendo de que el PSOE había aceptado su famoso decálogo anticorrupción, un periódico digital de gran audiencia -El Confidencial- publicaba con gran lujo de detalles el caso del líder de Ciudadanos en Almería, Miguel Cazorla, y del que los lectores de IDEAL de Almería tuvieron puntual información en esta sección el pasado 12 de abril. Bajo el titular «El candidato de Ciudadanos por Almería está imputado por delito societario», el periodista Agustín Rivera desgranaba las circunstancias que han convertido al exconcejal del GIAL y actual candidato de C's a la Alcaldía de la capital en un habitual de la crónica judicial.

Hace unos meses, nada más ser proclamado candidato, se supo que pesaba sobre él una imputación por supuesta «estafa» dimitiendo como candidato, aunque nominado nuevamente tras resultar archivada la causa. Según se ha publicado ahora, salió indemne del trance judicial porque no se presentó a la vista don Diego Morales Fernández, presidente de Agrieco, nombrado en su día por Cazorla y por hallarse este en paradero desconocido.

Aquel traspié político y judicial pasó, pero un nuevo procedimiento abierto contra Cazorla en el Juzgado Nº 1 de Almería hace un año y del que no tenía noticia el partido, ha vuelto a ensombrecer la carrera política del líder almeriense de los 'naranjitos'. Esta vez la imputación que pesa sobre él es por presunto «delito societario, falsedad documental y apropiación indebida». Todo ello habría sucedido entre los años 2003 y 2010, siendo presidente de la SAT Agricultores Ecológicos de Almería. La causa sigue abierta.'

Por otra parte, una mercantil de Cazorla, Explotaciones Rambla Santos SL, fue desahuciada por impago de alquileres, petición que se formalizó por Gonzalo Sánchez Moreno de Pechina ante el Juzgado de 1ª Instancia Nº 3 de Almería el 26 de abril de 2013. Posteriormente fue presentada ante el Juzgado de Instrucción una denuncia por supuesto «alzamiento de bienes, insolvencia punible y un delito de daños» contra el sr. Cazorla por el estado en que quedó la finca arrendada y por no haber hecho frente a sus deudas «por insolvencia».

El asunto sigue también abierto en instancia judicial. Pero C's parece que estos asuntos no los considera corrupción política, sino cuestiones de índole privada -como argumenta el PP en el caso Rato- por lo que, seguramente, le mantendrán como candidato.

Cazorla envió el 18 de diciembre de 2014 un correo electrónico en el que anunciaba la presentación ante las instituciones de un «pacto contra la corrupción en Almería» y expresaba su compromiso de «expulsar inmediatamente de la vida política a cualquier persona que se vea salpicada por la sospecha fundada de haber incurrido en una conducta ilícita o irregular». Decía también que era necesaria la separación del imputado del cargo público. «Somos ante todo un partido político que queremos regenerar la vida política de esta provincia, de esta ciudad de Almería y de esta nación que es España».