¿Puede una guerra cibernética colapsar un país?

En las previsiones del proveedor global de soluciones de seguridad Check Point, sus expertos apuntan un crecimiento «estimable» en los próximos años de los ciberataques contra infraestructuras críticas y servicios públicos. Las instalaciones de distribución de energía y agua usan tecnología más antigua vulnerable a ataques remotos, de modo que al actualizarla para solucionar esas vulnerabilidades se correría el riesgo de que se interrumpa el servicio, según su estudio.

Pero, ¿se puede llegar a colapsar un país? «Personalmente en España lo veo complicado porque tendría que estar orquestado desde otro Gobierno extranjero», detalla a este diario Juan Francisco Bolívar, 'Chief Security Envoy' en ElevenPaths, una compañía de ciberseguridad que opera bajo el paraguas de la multinacional Telefónica. Pero según expertos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Rusia, Irán, China y Corea del Norte estarían tras esos 36 ciberataques críticos (los más graves) que administraciones y empresas estratégicas han sufrido los últimos meses (en 2018 sumaron 29).

En 2007, Estonia, uno de los países pioneros en la creación y desarrollo del estado digital, vio cómo los mimbres de su nación en la Red se tambaleaban. Las visitas a la web del Gobierno pasaron de entre 1.000 y 1.500 al día a esa misma cantidad al segundo.

Estonia recibió un ataque de tipo DDoS (denegación de servicios), cuyo fin era impedir el acceso a las páginas web. Llegaron a caer las versiones digitales de la presidencia estonia, el Parlamento, ministerios, medios de comunicación, bancos e incluso empresas de telecomunicaciones.

«El ataque consiguió disminuir el nivel de servicios de manera importante durante un tiempo», apunta Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España. Aquel incidente despertó todas las alertas en la OTAN, que un año después respondía a las peticiones del Ejecutivo de Tallín de crear un organismo que velara y vigilara la defensa cibernética.

Desde 2008, la capital estonia acoge el Centro de Excelencia Cooperativa de Ciberdefensa, que trabaja para mejorar la capacidad de cooperación e intercambio de información entre la OTAN y sus Estados miembros. La iniciativa fue impulsada, además de por el país anfitrión, por Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y España. Desde entonces se han unido la República Checa, Francia, Hungría, Grecia, Países Bajos, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Austria y Finlandia se han adherido como contribuyentes, aunque la financiación del centro corre a cargo de todos los países involucrados.

«Estamos a la cabeza en los sistemas que los países que han puesto para desarrollar medidas de ciberseguridad en infraestructuras críticas», recalca Bolívar (ElevenPaths). En España, su vigilancia recae sobre el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC).

Nacido en 2007 tiene bajo su radar más de 3.500 instalaciones cuya «interrupción o destrucción puede tener una repercusión importante en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos, o en el eficaz funcionamiento de los Gobiernos de los Estados miembros».

«La ciberseguridad de las infraestructuras críticas va mejorando poco a poco», recalca Bolívar. Sin embargo, lamenta que la ley que las rige «no puede aún sancionar». Aún así, estima que la integridad del país está «bien protegida». «La seguridad solo es cuestión de tiempo y de recursos», asevera.

El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) prevé terminar este año con 37.000 incidentes en organismos públicos y sectores estratégicos, un millar menos que en 2018. El sistema tributario y el sector financiero fueron los más atacados y, aparte de los 36 ciberataques críticos, hubo 1.800 calificados de «muy altos» (1.014 en 2018) -el nivel de peligrosidad va de L0 a L5-.