Los españoles, cada vez más conscientes de sus datos en internet

En España, en cambio, solo desde mayo hasta finales de diciembre de 2018, la Agencia Española de Protección de Datos ha visto como las reclamaciones aumentaron un 50% con respecto al mismo periodo de 2017 y cerró el ejercicio anterior con un alza del 33% en las quejas. «No sólo ha habido un pico con la llegada del RGPD, sino que la entrada de reclamaciones se ha mantenido constante a lo largo del segundo semestre de 2018».

La nueva normativa comunitaria otorga nuevos poderes a los responsables de la privacidad, permitiéndoles imponer multas de hasta el 4% de los ingresos globales o 20 millones de euros, lo que sea mayor. La última tecnológica en ser multada ha sido Google este pasado mes de enero.

El regulador francés de protección de datos impuso una multa de 50 millones de euros al gigante de los buscadores por no haber obtenido correctamente el consentimiento de los usuarios para los anuncios personalizados, la sanción más grande hasta la fecha tras el pasado 25 de mayo.

«Lo que está en juego no es solo la protección de nuestra privacidad, sino también la protección de nuestras democracias y garantizar la sostenibilidad de nuestras economías basadas en datos», han señalado en una declaración conjunta el jefe digital de la UE, Andrus Ansip, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la jefa de justicia de la UE, Vera Jourova y la comisionada de economía digital de la UE, Mariya Gabriel. 

España, por el momento, no ha impuesto ninguna sanción a ninguna tecnológica tras el 25 de mayo, aunque la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, señala «que en pocas semanas tendremos noticias».

Las temáticas de las reclamaciones recibidas en la AEPD durante 2018 «siguen la misma línea de los dos años anteriores», explica España. Ficheros de morosidad, vidovigilancia, servicios de Internet, reclamaciones de deudas, Administración Pública, Sanidad, publicidad; comercios; transporte y hostelería; entidades financieras y publicidad a través de correo electrónico o teléfono móvil.

En cuanto a la reclamación sobre ejercicio de derechos el ganador es Google, que concentra seis de cada diez quejas a la Agencia Española de Protección de Datos y todas con un claro motivo el «derecho al olvido». «Es normal, es el buscador principal y lo usan más de 30 millones de usuarios en España», apunta la directora de la AEPD.

En la segunda mitad de 2018, los partidos políticos aprobaban por unanimidad la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos en el Congreso de los Diputados para así adaptarse al nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Semanas más tarde, los senadores de Ahora Podemos se desmarcaron, después de que Borja Adsuara, abogado y experto legal, alertara del artículo 58 bis, que hace referencia a la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

El texto aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados y publicado en el Boletín Oficial del Estado explica que «la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas».

«No es cierto lo que se ha dicho, se ha construido un argumento falso», explicaba a Innova+ Artemi Rallo, diputado del PSOE y principal impulsor de la medida. Mar España, directora de la AEPD, es clara y contundente «tolerancia cero con los partidos políticos o agencias que trabajen para ellos y realizan perfilados políticos.

Insiste además que el próximo mes de febrero, la Agencia Española de Protección de Datos emitirá una circular para dejar claro el «asunto» y añade que «tendrá carácter jurídico». «El perfilado político es ilegal, aún con consentimiento». En el caso de que se produjera, los partidos políticos podrían enfrentarse a multas de hasta 20 millones de euros.