Un tsunami de chatarra colapsa los desguaces valencianos con coches de la DANA

Ni la contratación exprés de grupas externas, ni el refuerzo de sus plantillas con personal de apoyo ni el hecho de focalizar todos los recursos a su alcance para atender a los automóviles que se perdieron como consecuencia de la riada parecen revertir una situación «extraordinaria y difícil de gestionar por culpa del enorme volumen de coches siniestrados», unas cantidades nunca antes vistas en la región. El gerente de Desguace Cortés, Juan José Cortés, explica que «jamás ha habido una situación así» y, aunque el Consell autorizó la ampliación de la capacidad de los desguaces, instalaciones técnicamente conocidas como CAT (centro autorizado para el tratamiento de vehículos), el sector se ha plantado en diciembre en cuadro y más cuando, ya de por sí, el último mes del año «siempre es el más fuerte».

Cortés alega que el pago del impuesto de circulación es trimestral. Es decir, que a finales de trimestre siempre hay un repunte de solicitudes de bajas de vehículos, un fenómeno que se da cuando la situación es ordinaria. Es por ello que la demanda de sus servicios «se incrementa a final de año». No obstante, ante la excepcionalidad derivada de la dana, el gerente de la empresa consultada comenta que por mucha ampliación de capacidad que se haya decretado «tenemos poco margen (de maniobra) por el mes en el que nos encontramos».

Cabe destacar que el papel de los desguaces es vital para el proceso de recuperación, pues son las únicas instalaciones capacitadas para recibir vehículos al final de su vida útil, emitir el certificado de destrucción y tramitar la baja definitiva de los mismos del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). ¿Pero qué implicaciones tiene esta potestad? Pues que una vez se haya tramitado la baja definitiva del vehículo, se puede empezar con el tratamiento del automóvil. O la lectura inversa, es decir, hasta que no se haya tramitado la baja, no se puede desguazar el coche en cuestión. Eso sí, cabe matizar también que este procedimiento en el que se requiere de un documento formal para eliminar del registro de la DGT un automóvil se sigue también en circunstancias normales. El problema que hay ahora es la enorme pérdida que ha sufrido el parque móvil valenciano donde, como ya publicó este diario, los conductores de l'Horta Sud han perdido cerca del 40% de sus turismos.

A la hora de realizar el trámite de la baja es preciso aportar una serie de documentos para formalizar el procedimiento. Algunos de estos papeles requeridos son la solicitud definitiva de vehículos por el CAT, el documento de identificación del interesado, la tarjeta de inspección técnica del vehículo y el permiso de circulación. Este hecho evita que el usuario tenga que desplazarse posteriormente, pues es el propio centro de tratamiento el que hará entrega al usuario del certificado acreditativo de la baja definitiva del coche emitido por la DGT. En el documento figura la información del desguace que ha realizado la tramitación así como la fecha y hora exactas de la anotación en el Registro General de Vehículos.

Asimismo, desde Desguace Cortés ponen énfasis en que no se debe percibir la imagen de los desguaces como chatarreros, sino como gestores medioambientales que obtienen su rentabilidad en la venta del recambio pues aseguran el tratamiento de los coches de la dana no es rentable.

Además, en el caso particular de Desguace Cortés tienen firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Alfafar para la retirada de los vehículos depositados en los descampados de dicho municipio. De hecho, resaltan que todas sus actuaciones se coordinan con la Policía Local y la Unidad Militar de Emergencias (UME): «Todos los coches que retiramos están supervisados por estas entidades y no se quitan hasta que el perito los ha visto».

La aprobación del decreto gubernamental a finales de noviembre para agilizar la gestión de los vehículos para su traslado exprés a los desguaces fue el detonante de la actual batalla política para dilucidar quién tiene qué competencias para la evacuación de los coches. Si bien es cierto que la normativa llegó prácticamente un mes más tarde de que el Consell ampliara la capacidad de los CAT y no ha hecho más que recrudecer el fuego cruzado entre la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo central tan en boga estos días.

Sea como fuere, el texto legal aprobado por el Gobierno fue un aviso a navegantes pues, en el caso de los vehículos que no hayan sido catalogados como 'siniestro total', pero sus propietarios o compañías aseguradoras no los hayan retirado de la vía pública en un plazo de dos meses, pasarán a ser considerados 'abandonados'. Este hecho sí supone una reducción de los tiempos estipulados puesto que la anterior normativa fijaba entre tres y seis meses el lapso que debía transcurrir para que un coche cayera en el abandono administrativo.

Además, el Ejecutivo también otorgará la categoría de 'abandonados' a los vehículos no peritados o aquellos ya retirados del espacio público y trasladados a zonas de depósito provisionales, serán considerados como tal si sus propietarios no los han evacuado antes del 28 de febrero de 2025.