El Tribunal Supremo anula el informe de un detective que sirvió para declarar procedente un despido en Granada

La Sala de lo Social ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaró procedente el despido del trabajador y ha devuelto las actuaciones para que dicte una nueva resolución sin valorar dicho informe como prueba documental, según ha informado este jueves en un comunicado el TSJA.

La sentencia recurrida consideró que la prueba ahora anulada era lícita, puesto que sirvió para constatar que el demandante realizaba actividades profesionales como abogado durante su jornada de trabajo. Además, modificó los hechos probados de la sentencia de instancia al atribuir la condición de prueba documental al informe escrito de la detective.

Por su parte, un juzgado de Granada entendió que el despido fue improcedente y que la actuación del trabajador no era sancionable, ya que fue provocada por la detective que, pese a la negativa del recurrente para mantener la entrevista durante su horario de trabajo, insistió hasta que consiguió que la consulta profesional se realizara en ese tiempo.

Los hechos probados recogen que la empresa Gestinova 99 SL contrató a una detective que contactó con el trabajador, simulando pedir una consulta profesional, cuya finalidad era demostrar que trabajaba por cuenta propia durante su jornada de trabajo.

El trabajador, que estaba inscrito en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Granada, le ofreció reunirse el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, fuera de las horas de trabajo, pero la detective se negó a ello. Tras varias llamadas telefónicas, consiguió una cita profesional el lunes 30 de noviembre de 2015 a las 18 horas, dentro de su jornada laboral, en el despacho de otra letrada; el trabajador fue despedido por motivos disciplinarios el día 18 de diciembre.

Ahora el Tribunal Supremo subraya que la prueba -informe de la detective- es ilícita, por cuanto la promoción de una consulta simulada, instrumentada por una detective privada contratada por la empresa, para probar que el demandante ejercía la abogacía por cuenta propia en horas de trabajo, supuso una clara acción coactiva sobre la voluntad del trabajador. Tambíen se censura la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables, que vulneró el derecho a la dignidad del trabajador, así como a su libre y espontánea determinación, como resalta la sentencia de contraste.

Añade que dicha prueba no debió admitirse por la sentencia recurrida, ni tampoco permitir que desplegara plenos efectos probatorios, por cuanto el órgano judicial no puede fundar su decisión en pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales y libertades públicas.

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Ricardo Bodas, discrepa del criterio de la sentencia recurrida que modificó un hecho probado al atribuir un valor documental al informe de la detective.

En este sentido, recuerda su doctrina en relación con la naturaleza jurídica de este tipo de informes que, aunque se presenten por escrito, han de ser valorados como una prueba testifical, y carecen de utilidad para la modificación de los hechos probados en suplicación.