La otra travesía burocrática del refugiado

Este caso, el más reciente de los desestimados por la Audiencia Nacional a finales de junio de 2018, responde al perfil típico de personas que solicitan asilo en España. Aunque en la mente de los españoles, los refugiados son, en su mayoría, personas que atraviesan el Mediterráneo en pateras, las nacionalidades que encabezan las solicitudes de asilo en España el año pasado fueron Venezuela, Ucrania, Colombia, Siria y El Salvador. Nadie habla de razas por corrección política, pero suelen ser blancos. El primer país subsahariano, Nigeria, aparece en el séptimo lugar, según los datos del Centro de Ayuda al Refugiado (CEAR). «En el imaginario lo asocian más a la causa por la que se desplazan que por una nacionalidad concreta», mantiene Eva Garzón, responsable de Desplazamiento Global de Oxfam. «La gente percibe a un refugiado, fundamentalmente, como alguien que escapa de la guerra».

Sin embargo, quienes claman por asilo son, según las estadísticas de la Cruz Roja, personas en edad de trabajar (entre 22 y 64 años y en promedio, 39), con estudios y dispuesto a incorporarse a un puesto por debajo de su nivel de cualificación. Además, hay paridad de género: 52% de los migrantes son hombres y 48% mujeres. Su aportación a la economía es patente a la vista de los especialistas. «En los últimos diez años, el 60% del crecimiento de la economía española ha sido gracias a la aportación de los inmigrantes y Europa necesita 159 millones de inmigrantes hasta 2025 para paliar el envejecimiento de la población y mantener los sistemas de pensiones actuales», insiste Cruz Roja, que ha atendido a 9.500 refugiados en los primeros meses de 2018.

Cada caso pasa por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, con asistencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Luego, en las apelaciones, ya sea en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, los jueces pocas veces desoyen la recomendación de esa comisión.

Las instancias superiores pueden, no obstante, conceder medidas cautelares o admitir la figura de «protección subsidiaria», la que más se reconoció el año pasado. Según la Asociación Católica Española de Migraciones (Accem), se hizo con 4.080 personas, el 87% del total, mientras que el estatuto del refugiado se concedió sólo en el 13% de las peticiones. Nadie recibió protección internacional por razones humanitarias. El proceso completo puede durar más de dos años. Las causas frecuentes de denegación son dos. Una, «no alegan en sus solicitudes ninguna de las razones previstas» en la Convención de Ginebra y, dos, «no aportar prueba alguna», a juicio de las autoridades, de la persecución que denuncian. En el caso del ucraniano, la valoración fue desfavorable.

La Convención de Ginebra de 1951, incorporada al derecho español en 1978, establece conceder asilo a toda persona que sufra persecución, sobre todo religiosa, étnica o política. Sin embargo, la realidad es más compleja. «El estatuto no responde a todas las necesidades de hoy», asegura Garzón. «A lo largo del trayecto, una persona que fue en un comienzo migrante económico puede pasar a ser refugiado o solicitante de asilo porque ha sufrido persecución. Necesitamos marcos de protección más complejos para dar respuesta a los actuales movimientos de personas». Otra travesía espera al refugiado nada más llegar.