El infierno del país más joven del mundo, presa de la masacre

En realidad, el neonato Sudán del Sur se había conformado en un marco de odio ancestral. La gigantesca crisis humanitaria que sufre actualmente el Estado más joven del mundo remite a un pasado donde la lucha por los recursos se ha dirimido tradicionalmente con sangre. Los habitantes de este país mísero y rural, con una superficie similar a la francesa, lucharon por segregarse del norte mientras guerreaban entre sí. Debían huir del ejército de Jartúm, que los bombardeaba, apresaba y condenaba, literalmente, a la esclavitud, pero también pugnar con sus vecinos por el agua, los pastos y el ganado.

La muerte podía llegar en la estación seca. Entonces manaban menos fuentes, el hambre torturaba y se caldeaban los ánimos homicidas. Los caudillos militares, encumbrados en la guerra de secesión, pronto supieron capitalizar viejas rencillas interétnicas e, incluso, disputas entre clanes del mismo origen. La aparición de fusiles automáticos multiplicó las víctimas. Tras su victoria, el SPLA, el movimiento de liberación y principal partido, se disgregó en múltiples facciones y las rebeliones locales empezaron a prodigarse.

El caos llegó, definitivamente, en 2013, cuando las diferencias entre el presidente Salva Kiir, de la mayoritaria tribu dinka, y el vicepresidente Riek Marchar, ligado a la nuer, dieron lugar a graves enfrentamientos en Juba, la capital. El ejército se dividió según la adhesión a uno u otro y comenzó una guerra desgarradora. Pronto, la lucha se extendió al norte y este, y hace un año, los desplazamientos masivos y el acoso miliar alcanzaron también el oeste y sur.

Los ciudadanos no son un daño colateral en este conflicto, sino el objetivo principal, acorde con viejas estrategias de tierra quemada. «Ninguna de las partes tiene respeto por los civiles», admite Mónica Camacho, responsable de operaciones de Médicos sin Fronteras en el área. Como si trataran de solventar antiguas afrentas, los soldados y guerrilleros entran en las poblaciones a cuchillo, a menudo disparando indiscriminadamente sobre adultos y niños acogidos en iglesias, mezquitas, hospitales o los campamentos de la Unmiss, la misión local de Naciones Unidas. Cada episodio de la brutal contienda aparece ligado a una matanza. Los rebeldes provocaron una masacre en la ciudad de Bentiu en 2014 y las tropas regulares en Malakal en 2016.

Las causas del desastre actual amalgaman enconos grupales, ambiciones individuales, la escasez provocada por las recurrentes sequías y el lucrativo mercado de las armas y crudo, en manos de la depredadora cúpula castrense. El Gobierno ha anunciado un alto el fuego y la apertura del diálogo político, pero los combates prosiguen. «Diría que hay una disonancia entre el discurso político y el militar», apunta la representante de la organización humanitaria, que también denuncia la dificultad de trabajar cuando hay que pagar tasas gubernamentales que aumentan indiscriminadamente de un día para otro.

Frente a la sinrazón de la violencia, se despliega una enorme catástrofe humanitaria. «El resultado son ciudades devastadas y millones de personas desarraigadas, sin medios, atrapadas entre unos y otros, que no pueden cruzar líneas de fuego», explica. La contienda ha expulsado de su hogar a tres millones de personas y unos dos millones han cruzado la frontera buscando el asilo de los estados vecinos.

La salud de quienes lo han perdido todo es otra preocupación acuciante. «La gente, que vive a la intemperie y ha perdido animales y semillas, está expuesta a cualquier tipo de enfermedad, la malaria, el kal azar o el cólera, con unos 16.000 casos contabilizados», denuncia Camacho. El hambre ha alcanzado niveles históricos, los más elevados desde que estallaron los enfrentamientos armados. La guerra, la crisis económica y la caída de la producción agrícola han erosionado la capacidad de los hogares para alcanzar una alimentación razonable. Se calcula que un millón de niños menores de cinco años sufre malnutrición.

Los asesinatos, los arrestos arbitrarios y la detención y tortura de civiles son prácticas habituales de soldados y milicianos, según Stefano Fino, especialista en ayuda humanitaria de Plan Internacional, una ONG que trabaja con 35.000 refugiados sursudaneses en Uganda. Según explica, ni siquiera aquellos que han buscado protección en zonas oficialmente seguras escapan del miedo y la violencia sexual. «La prohibición del acceso dificulta que llegue la ayuda y la vulneración de los derechos humanos básicos nos impide prestar atención a los más afectados de una manera neutra, imparcial e igualitaria», añade.

La inseguridad también afecta a los trabajadores humanitarios. El país africano se ha convertido en uno de los más peligrosos para llevar a cabo la cooperación. Al menos 82 trabajadores han muertos en estos cuatro años de guerra y otros han desaparecido o han sido encarcelados. La delincuencia prolifera por la profusión de bandas y el impago a los soldados. «La capital, Yuba, sufre una criminalidad muy elevada», indica Mónica Camacho.

Este clima de descomposición social y política permite que el Ejército Blanco de los nuer siga en activo, más de un cuarto de siglo después de su fundación. Los ancianos de la tribu alegan que se trata de la única manera de preservar la integridad de su cabaña ganadera, aunque no hay duda de que la violencia política le ha conferido una nueva utilidad como milicia al servicio de los intereses de Riek Machar.

Estos guerrilleros siguen perpetrando 'razzias' mientras esperan el regreso de su mesías, exiliado en Sudáfrica. Pero no están solos ni son los más fuertes. El pánico generado por los rostros tiznados aparece contrarrestado por la multiplicación de caciques que, a su imagen y semejanza, enrolan y entrenan nuevas milicias, también empeñadas en satisfacer antiguos deseos de venganza. Los azandé han auspiciado los Arrow Boys y entre los dinka ha aparecido los Bor Panda Youth y los Maaban Defence Force, empeñados en dar caza a los nuer que huyen de sus aldeas empujados por las tropas regulares.

El Gobierno se muestra ajeno a la anarquía imperante. En los prolegómenos de la guerra civil, el viceministro de Asuntos Exteriores, Elias Wako Nyamellel, llegó a asegurar que la Administración estaba «podrida hasta el fondo», una afirmación que también constatan los informes de la ONG Transparencia Internacional al situarlo en el quinto puesto de corrupción política, tan sólo superados por Afganistán, Corea del Norte, Somalia y, curiosamente, la vecina Sudán. No en vano, el GoSS, el Gobierno de Sudán del Sur, también es conocido como Government of Self Service (el Gobierno del sírvase usted mismo). La rapacidad de los políticos resulta impune en este favorable escenario de inquinas y revanchas.