Siete empresarios de Murcia reconocen que pagaron a menores por sexo, pero no pisarán la cárcel

Los acusados, varios de ellos ya de edad avanzada, afrontaban inicialmente penas que sumaban en conjunto hasta 25 años de prisión por cabeza -cuatro años por cada contacto con una menor-. Sus defensas negociaron, no obstante, con la Fiscalía una salida que les permite conservar la libertad gracias a un acuerdo que reduce sus penas a cinco meses de cárcel por cada uno de esos delitos. Aunque en conjunto la suma total de las penas pudiera justificar un ingreso en prisión, el acuerdo contempla que las mismas queden en suspenso al no superar ninguna de ellas los dos años. Esa suspensión estaría condicionada, como marca la ley, a que no cometan ningún otro delito y a que abonen la responsabilidad civil.

Juan Castejón, conocido promotor de viviendas y expresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), afrontaba la pena más elevada al estar acusado de pagar por sexo a cinco de las diez menores víctimas de la trama. El acusado, más conocido como 'El Petrolero', fue condenado finalmente por la Audiencia, en una sentencia dictada 'in voce' este mismo miércoles, a penas que suman dos años y un mes de cárcel. Esa condena, sin embargo, no le obligará a entrar en prisión tal y como confirmó el abogado José María Caballero, que se ha encargado de su defensa. El letrado incidió en que esta rebaja penal se explica, en gran parte, por el notable retraso que ha sufrido la causa, que ha tardado hasta diez años en llegar a juicio.

Tampoco tendrán que pisar la cárcel los empresarios José A.A, Antonio G., Antonio M., que fueron condenados a diez meses de prisión tras reconocer que tuvieron sexo con dos menores; y José J. y, Juan P. y Juan M., castigados con cinco meses de cárcel por participar de la prostitución de una de estas adolescentes. El pacto contempla, además, que a cada condenado se le imponga un año de libertad vigilada, una multa y el pago de entre 500 y 2.000 euros de indemnización a cada víctima.

Inicialmente eran nueve los empresarios que tenían que sentarse en el banquillo, pero a lo largo de estos años de procedimiento, según explicaron fuentes judiciales, uno de los acusados falleció y el otro quedó fuera del caso al ser incapacitado por enfermedad.

Esta trama de prostitución de menores, que conmocionó a la sociedad murciana, se destapó en 2014 por parte de la Policía Nacional, a la que la fiscal quiso agradecer este miércoles su gran trabajo de investigación. La red estaba liderada por tres mujeres que, según asumieron ante los magistrados, captaban a adolescentes en las puertas de discotecas de menores e incluso en colegios. Elegían a chicas procedentes de familias desestructuradas o en situación de vulnerabilidad y les ofrecían ganarse un dinero para sus gastos o caprichos ofreciendo sexo a hombres. Una vez que habían logrado convencerlas les pedían que les hicieran llegar algunas fotografías suyas en poses provocativas para que los clientes eligieran. La investigación policial destapó las dificultades que habrían tenido algunas menores para cumplir con lo que se esperaba de ellas, pues algunas habrían llegado a salir corriendo porque, según explicaron en su momento, «me daba asco y miedo».

En el banquillo se sentaban, además, los seis miembros del grupo que se encargaba de captar a las menores para su prostitución. Esta trama estaba liderada por varias mujeres, que ejercían de 'mamis'. Es el caso de Yesenia Mercedes B.C., Nelly Paola C.P., Ruth Karina D.T. y Manuela P.P., que asumieron penas de dos años por cada víctima que captaron para prostituirla.

Sus penas llegan a sumar hasta 16 años de cárcel en alguno de los casos, pero previsiblemente tampoco ninguna de ellas entrará en prisión. La abogada Paola Marcela Suárez, que se encarga de la defensa de varias de ellas, avanzó que solicitarán la suspensión de las penas al no sobrepasar ninguna de ellas los dos años. La Audiencia ha fijado dos vistas a comienzos de octubre para decidir sobre las alternativas al ingreso en la cárcel.

La Sala también escuchó la confesión de varios hombres que ejercían de transportistas para las chicas, trasladándolas a los lugares en los que eran reclamadas por los clientes y devolviéndolas al punto de encuentro cuando los servicios habían finalizado. Afrontaban penas de entre seis y 36 años de cárcel pero finalmente asumieron penas menores.