Sanidad universal, más dinero para dependencia y medidas feministas

Así, se equipararán progresivamente los permisos de maternidad y paternidad «para conciliar la vida personal, familiar y laboral» y fomentar «la corresponsabilidad». El acuerdo dice que la equiparación de permisos, para la que se destinarán 300 millones de euros, «se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 2019, 8 semanas; 2020, 12 semanas; y 2021, 16 semanas». Y subraya también que esta equiparación «deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%».

En cuanto a las agresiones sexuales, «se impulsará una necesaria reforma del Código Penal con el objetivo de garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no. Con ello la falta de consentimiento expreso de la víctima se convierte en clave nuclear en los delitos sexuales». Se unificarán »las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de 'agresiones sexuales' y se harán campañas de sensibilización.

Además, los ayuntamientos verán reforzada sus competencias en la lucha contra la violencia machista (recibirán 40 millones en lugar de los 20 actuales), se fortalecerán la tutela judicial y el acceso a la justicia para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal y se facilitará la acreditación de víctima de violencia de género a través de distintas instituciones como los servicios sociales municipales sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial. En total, se destinarán a la lucha contra la violencia machista 220 millones.

Respecto a la sanidad, el pacto considera que «el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona sobre el que no cabe introducir ninguna discriminación» y prevé «asistencia sanitaria gratuita» para todos los residentes en España (en el caso de los inmigrantes en situación irregular, primero tendrán un documento provisional y luego se les emitirá la tarjeta).

Pero una de las novedades de los Prespuestos es que este derecho se extiende «a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española» y también se garantiza «la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida».

Según el acuerdo presupuestario, el copago farmacéutico se eliminará de forma progresiva en esta legislatura, «empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad -pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos 5 millones de pensionistas- y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9000 euros con un hijo o más a cargo (1,8 millones de personas)». Y también se acabará con otros copagos que estaban vigentes, como el del transporte sanitario no urgente, por los productos orto protésicos y por los dietéticos.

Finalmente, se anuncia la creación de «una Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que en el plazo de seis meses analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertir» la privatización de la sanidad y blindar su carácter «gratuito, universal y público».

En cuanto a dependencia, el pacto denuncia que actualmente la dotación presupuestaria destinada a ella apenas cubre el 16% de las necesidades, así que se marca como objetivos «dignificar» la situación de las personas que se encuentran en esta situación y «recuperar la cotización de las cuidadoras no profesionales».

A la dependencia se destinarán 515 millones, el 40% más que en los Presupuestos de 2018, para mejorar la financiación de las cuantías finalistas, y otros 315 millones para recuperar «la cotización a la Seguridad Social para los familiares que cuidan». «Se recuperará el convenio especial en el sistema de la seguridad social de personas cuidadoras no profesionales y el abono por la Administración General del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social, medida de la que se pueden beneficiar unas 180.000 personas y que además tendrá un impacto positivo en las cotizaciones a la Seguridad Social», reza el acuerdo.