Un tercio de quienes piden la eutanasia fallecen mientras se tramita la solicitud

El vicepresidente de la asociación DMD, Fernando Marín, considera que las administraciones autonómicas pecan de falta transparencia en los datos que procuran. No en vano, las únicas que han hecho público el informe anual que exige la ley han sido Andalucía, Baleares, Cantabria y La Rioja. Según los datos de la organización relativos a 2023, se registraron 750 solicitudes, lo que supone un incremento del 30% con respecto al año precedente, y 350 prestaciones, unas cifras que aún no han sido validadas por el Ministerio de Sanidad.

A la luz de los datos provisionales que maneja el departamento que dirige Mónica García, el año pasado se presentaron 727 solicitudes y se realizaron 323 eutanasias.

Conforme a las últimas cifras oficiales de Sanidad, que datan de 2022, en ese periodo se contabilizaron 288 eutanasias, lo que supone el 0,07% de los fallecimientos anuales en España, un número muy alejado del que acontece en Bélgica, donde la muerte médicamente asistida representa un 1%. Lo grave es que se ignora cuántas personas reclamaron la eutanasia en su testamento vital, dado que en 215 casos no consta este dato en el informe de Sanidad, cuyo balance, según Marín, transmite una «sensación de improvisación», en palabras de Marín.

A la asociación le preocupa especialmente el caso de Castilla y León, en cuya comisión evaluadora hay personas abiertamente contrarias a la prestación. Para Marín, los contrarios a la eutanasia deberían dejar su cargo en ese órgano para dar cabida a personas sin prejuicios. En cuanto a la demora del proceso, que supera en más del doble lo establecido por la ley, Marín censuró que hay supuestos en los que el trato dispensado por la Administración entra dentro del «maltrato institucional». «Se produce este fenómeno cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla, cuando la comisión se inventa requisitos, cuando se demanda el informe de un trabajador social, aspecto que no figura en la ley, cuando se paraliza la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión».

A primera vista, llama la atención la disparidad que se hace de la aplicación de la norma. En Navarra, Cataluña y País Vasco, el número de casos es más abultado, mientras que en Murcia, Extremadura y Galicia se observan cifras diez veces más bajas, según dijo la responsable del área internacional de DMD, Loren Arseguet. «Ignoramos si estas cifras tan bajas obedecen a que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran número de personas que han muerto antes de se reconociera la prestación», apuntó.

Muchas peticiones no se tiene constancia. «Si alguien va a su médico de cabecera a solicitar la eutanasia, este le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no se va a producir nunca», lamentó Marín, para quien no se puede hablar de boicot a la ley. «Sí es cierto que a veces se pone el listón muy alto», alegó Marín.