Sanidad y las comunidades aprueban al segundo intento el plan de salud mental

La principal disputa se centraba en el uso del término 'deprescripción', que en el documento original se planteaba como uno de los objetivos a la hora de abordar los problemas de salud mental, es decir, que se recetaran menos fármacos en determinadas patologías que podrían tratarse, por ejemplo, con psicoterapia. La palabra 'deprescripción', sin embargo, suscitó las críticas de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPMS), que creía que esta formulación suponía un «estigma» para las personas «que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo». Ahora ha sido sustituida por la expresión «uso adecuado o racional» de los psicofármacos.

«España es el país con más consumo de ansiolíticos hipnóticos. Vivimos en una época en la que todo el mundo habla con una naturalidad pasmosa de un trankimazín, un lexatín o un lorazepam mientras que a nadie le suena ningún medicamento para el corazón. Y este consumo se ha vuelto preocupante entre los jóvenes y especialmente, entre las mujeres jóvenes. Necesitamos garantizar un uso racional de los psicofármacos», ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García.

En este sentido, el acuerdo incluye la elaboración de una Guía de Práctica Clínica por parte de un equipo técnico independiente, que sirva como herramienta útil a los profesionales de salud mental en el uso adecuado de psicofármacos y apuesta por programas de formación en prescripción y deprescripción de hipnosedantes y antidepresivos y de fomento de la prescripción social. Superado el escollo terminológico, el plan ha contado con la unanimidad de todos los participantes en el Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado en Toledo.

El nuevo texto, que el Ministerio de Sanidad financiará con 39 millones, plantea un abordaje de los problemas de salud mental más centrado en los determinantes sociales, como la falta de empleo, la precariedad laboral o las dificultades para acceder a una vivienda. De esta forma, promueve un modelo de atención integral y comunitario que favorezca la recuperación e inclusión social de los pacientes, con el foco en los más vulnerables (los mayores, los migrantes, las personas en situación de exclusión social y las víctimas de violencia de género), y pone en marcha un grupo de expertos para analizar la salud mental de los niños y los jóvenes. También busca impulsar alternativas a la hospitalización como la atención domiciliaria, la hospitalización abierta y las casas de crisis para fomentar una vida autónoma con acceso a vivienda y trabajo digno.

Además, el documento propone la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y la adolescencia, la mejora del acceso a la psicoterapia y la posibilidad de dotar a los profesionales sanitarios de más herramientas en el abordaje de la salud mental. El plan también aborda la necesidad de aumentar el número de profesionales en salud mental, mejorar sus condiciones laborales, cuidar su salud mental, garantizar su disponibilidad y retener el talento.

El consenso alcanzado en el plan de salud mental no se trasladó, sin embargo, a todos los asuntos tratados en el Interterritorial. Las comunidades del PP anunciaron que tomarán medidas legales o administrativas contra la ministra por su petición de ampliar el número de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, una demanda a la que García hace «caso omiso», lamentan. «Nos va a obligar a tomar otro tipo de medidas porque tenemos un problema de falta de médicos en atención primaria muy importante», dijo el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez.