Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

La razón del mantenimiento de este desfase, según indicó Mónica García, es que hay muchas autonomías (las gestoras de la prestación sanitaria) que están «incumpliendo» el contenido de la ley de 2023, que exige a todas las administraciones que garanticen que las ciudadanas pueden someterse a los abortos en los hospitales públicos y, además, que se practiquen en centros lo más próximos posibles a su lugar de residencia.

Lo cierto es que, según los datos dados hoy a conocer por Sanidad, hay cinco autonomías, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, de las que se puede decir que no realizan ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, pues su tasa de desvío de casos a clínicas privadas oscila entre el 99,07% y el 100%. De igual forma, hay otras tres (Aragón, Asturias y el País Vasco) que no llegan ni al 5% de actuaciones en la sanidad pública y la Comunidad Valenciana se queda en el 10%. García indicó que se trata de cifras «inaceptables» y subrayó el caso de Madrid, que de los 162.000 abortos practicados en la última década solo hizo 177 en centros públicos.

De hecho, solo cinco comunidades comienzan a cumplir y realizan más de la mitad de sus interrupciones voluntarias en centros públicos. Destaca el caso de Cantabria, con nueve de cada diez abortos en hospitales públicos, seguida de Galicia y La Rioja, con tres de cada cuatro, de Baleares, con el 61%, y de Cataluña, con el 56%.

Mónica García aseguró que su ministerio va a ser «contundente» a la hora de exigir a las autonomías «planes claros» para «darle la vuelta a esta situación» y cumplir con lo ordenado por la ley. Dijo que están ultimando un informe que radiografiará la situación e indicará cuántas comunidades han puesto ya en marcha los registros de médicos objetores -cuya regulación se aprobó hace nueve meses- y cuántas están reorganizando los servicios en sus hospitales públicos para asumir los abortos voluntarios.

La ministra hoy no fue más allá, pero su secretario de Estado de Sanidad dirigió en julio pasado una carta a todos los consejeros del ramo para advertirles de que, a la vista de los resultados de esta radiografía, la Alta Inspección requerirá a los incumplidores para que concreten qué medidas y en qué plazos van a tomar para aplicar el mandato legal y, añadió, que, en caso de no rectificación, «el ministerio valorará el inicio de procedimientos legales» contra las autonomías incumplidoras.

El balance oficial indica que en 2024 se realizaron en España 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo -lo que supone una cifra muy similar a la de 2023 en relación a las residentes de 15 a 44 años- y que el mayor incremento se dio entre los 30 y 39 años, pero que también hubo un alza notable entre las menores de 20 años, que ya representan algo más de uno de cada diez abortos. Un 95% de las interrupciones fueron por decisión libre de la mujer y el 77% se realizó antes de las primeras ocho semanas de embarazo, lo que apunta a facilidad de acceso.

El método usado para la interrupción varía mucho según la titularidad del centro sanitario. En el caso de los 30.900 abortos realizados en la pública, en su gran mayoría se llevó a cabo a través de fármacos. Por contra, en el caso de los centros privados concertados el 83% de las interrupciones se hicieron por intervención quirúrgica.

García indicó que hay otro preocupante como es que la mitad de las mujeres que se sometieron a abortos voluntarios (el 49%) no empleaba métodos anticonceptivos cuando se quedó embarazada. La ministra comentó que resulta evidente que hay que «intensificar» las medias para mejorar la educación para una correcta salud sexual y reproductiva y para eliminar barreras económicas en el uso de anticonceptivos a través de la financiación pública. Recordó que ultiman un plan para entregar preservativos gratis a jóvenes de entre 16 y 22 años en las farmacias.