La ley incluirá una baja para la recuperación tras un aborto

Se trataría de garantizar un tiempo de descanso y recuperación para las mujeres tras esta intervención quirúrgica o farmacológica, que en muchas ocasiones es temporalmente incapacitante tanto desde el punto de vista físico como psicológico.

La mujer que sufra la interrupción del embarazo, además, tendrá derecho a una asistencia y a un acompañamiento integral y especializado y, de forma previa, dispondrá de un teléfono de atención e información específico de nueva creación para ayudarla en la elección del método abortivo más apropiado y para aconsejarle y darle solución a todos los problemas que pueda tener durante el proceso administrativo y sanitario.

La futura ley, además de otras novedades como la creación, por primera vez en Europa, de una baja específica para mujeres con menstruaciones incapacitantes o la instauración de un permiso prenatal desde la semana 39 de embarazo hasta el parto, garantizará la entrega gratuita de la píldora del día después en todos los centros de salud y en servicios de salud sexual y reproductiva, un producto que en la actualidad se vende solo en farmacias y que tiene un coste aproximado de 20 euros.

El anteproyecto, impulsado por el ministerio que encabeza Irene Montero, antes de ser remitido al Congreso deberá recibir las alegaciones de Poder Judicial, Fiscalía y Consejo de Estado y ser aprobado de manera definitiva por el Consejo de Ministros. Podría ser enviado a las Cortes el próximo otoño, con la idea de que se tramite sin dilaciones y pueda ser aprobado y entrar en vigor en los primeros meses de 2023.

Estas son algunas de las características principales del anteproyecto aprobado hoy:

No varía lo establecido en la ley de plazos impulsada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el aborto libre, voluntario y gratuito. El límite general para la interrupción voluntaria del embarazo son las 14 semanas de gestación, pero se permite la interrupción hasta la semana 22 si se dan condiciones médicas excepcionales como malformaciones fetales o riesgo vital para la madre.

Revierte el cambio que el PP hizo en solitario en 2015. Las chicas de 16 y 17 años ya no precisarán de permiso paterno para poder abortar dentro de la ley.

Suprime el período de reflexión de tres días, el tiempo que por ley debía esperar la mujer antes de ratificar su intención de abortar. La solicitante dejará de recibir el sobre sellado con información sobre los derechos y prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Solo se le dará esta información a quien la demande explícitamente.

El punto central de la nueva ley garantiza las interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos y deja las clínicas privadas solo como excepción. Para lograrlo, regula de forma más estricta la objeción de conciencia. Se anotará la objeción en un registro autonómico para que las autoridades puedan organizar los servicios y asegurarse de que siempre hay un especialista que realiza las intervenciones. La objeción será individual, previa, por escrito e impedirá practicar abortos tanto en la sanidad pública como privada.

La mujer tendrá derecho a que la interrupción, quirúrgica o farmacológica, se le haga en el centro público preparado para ello más cercano a su domicilio, esté en su comunidad o en una vecina. Se pretende acabar con la actual falta de equidad. Muchas españolas han tenido que recorrer cientos de kilómetros en su propio país porque donde viven no hay un solo centro que haga abortos. El descontrol llevó a que solo el 21% de los casi 90.000 abortos anuales sean en hospitales públicos. El grueso se hace en clínicas concertadas. En nueve provincias no se ha practicado un solo aborto desde que Felipe González lo despenalizó en 1985 y en otras tres no ha habido ninguno nuevo en más de un lustro. Una región del tamaño de Madrid no los realiza en ninguno de sus 38 hospitales públicos.

Un teléfono específico y gratuito de nueva creación y los centros de salud darán toda la información a las embarazadas que lo demanden para ayudarles a elegir método abortivo, dirigirlas al hospital o especialista indicado e informarlas de dónde acudir y qué hacer si les ponen trabas al ejercicio del derecho.

La ley garantiza la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos hormonales (pastillas, parches, anillos o dispositivos intrauterinos), incluidos los de última generación, y la píldora del día después se entregará de forma gratuita en centros de salud y de planificación familiar. Habrá campañas en los institutos, centros sociales y prisiones en las que se distribuirá todos tipo de métodos anticonceptivos de barrera, tanto masculinos como femeninos, y se fomentará el uso de anticonceptivos masculinos, para que deje de ser una responsabilidad femenina.

Crea un permiso laboral específico y retribuido para que las mujeres que sufren menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes puedan descansar esos días en sus casas. Para evitar posibles discriminaciones laborales o falta de colaboración por parte de las empresas, los días de baja serán sufragados por completo por las arcas del Estado. Fuentes oficiales calculan que podría tener un coste anual de entre 40 y 45 millones. No fija un número de días concreto para la baja. Será el médico de cabecera que valide la situación de incapacidad temporal quien determine cuántas jornadas laborales durará el permiso a la vista de las circunstancias concretas de cada caso. Para facilitar que la medida llega a todas las mujeres que lo necesiten, el Estado no exigirá para tener derecho a esta baja un mínimo de tiempo cotizado a la Seguridad Social, como sí que ocurre con otras situaciones similares.«Se acabó ir 'empastillada' al trabajo para poder aguantar el dolor», aseguró hoy Irene Montero.

El anteproyecto, al final, mantiene la 'tasa rosa'. No habrá supresión del IVA de los productos de higiene femenina, como pedía Igualdad. Hacienda ni siquiera ha cedido en bajar del actual 10% de IVA al tipo superreducido del 4% para las compresas, tampones y copas. La ministra Montero asegura que la rebaja al 4%, con un coste anual no superior a unos 10 millones de euros, se logrará en esta legislatura y quizá para el 2023, por ser un compromiso del Gobierno de coalición. No obstante, lo que sí prevé la ley es el reparto gratuito de estos productos a las chicas que los necesiten en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales y organismos públicos.

Todas las embarazadas tienen garantizado por ley un permiso remunerado desde la semana 39 de gestación hasta el parto. Este permiso ha menguado durante la negociación gubernamental. Igualdad lo pedía desde la semana 36. Al final, las embarazadas tendrán de media una licencia de una semana en vez de las cuatro que se barajaban inicialmente.

La gestación subrogada es una práctica ilegal en España que ahora pasa a definirse como «explotación reproductiva» y como un acto directo de violencia contra la mujer. Se perseguirá a los intermediarios (agencias, clínicas y abogados) que facilitan la burla de la prohibición poniendo en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero y que les cobran por los contratos y la gestión del proceso y se realizarán campañas para sacar a la luz la explotación y negocio que hay detrás de este drama. Prohibirá y sancionará con multas la oferta de servicios por parte de los intermediarios, su publicidad y la realización de ferias, proscripción que alcanza a la promoción en medios de comunicación. La ley, sin embargo, al final no declara a los tribunales españoles competentes para perseguir el delito de gestación por sustitución en el extranjero cometido por españoles residentes en España.

Además de la gestación subrogada, el texto incluye también explícitamente como formas de violencia contra la mujer, y por lo tanto prohibidas y perseguibles en España, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad y el embarazo y aborto forzados.

Fomentará las buenas prácticas médicas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y el postparto, procesos en los que en todos los casos se deberá recabar el consentimiento informado de la embarazada o parturienta, que será quien decida qué procedimientos autoriza y cuáles no. Por contra, se perseguirán las malas prácticas ginecológicas y obstétricas como el abuso de cesáreas o de episiotomías.