El Gobierno pone 42 millones para que los niños que precisan atención temprana la reciban en 45 días

El acuerdo nacional cerrado en enero por el Gobierno y las autonomías garantiza que todos los niños españoles con necesidades de atención temprana deben recibir de forma obligatoria una asistencia especializada, gratuita, rápida y de calidad, vivan donde vivan. Es el primer acuerdo que establece unas obligaciones, unos servicios y unos estándares de calidad mínimos para esta tarea y exigibles en todo el territorio nacional. El plan debe quedar completamente ejecutado durante el segundo lustro de esta década y tendrá como beneficiarios a todos los niños de cero a seis años con necesidad de atención temprana, que en la actualidad son algo más de 130.000, sobre el 5,4% de los pequeños españoles de esta franja de edad.

El acuerdo cuenta con nueve líneas principales de actuación y 36 estándares de calidad, pero entre sus obligaciones fundamentales están la mejora de los procedimientos para la detección temprana de los trastornos de desarrollo y el compromiso de que todos los niños a los que los médicos hayan diagnosticado la necesidad de estas ayudas y terapias públicas las recibirán en un tiempo máximo de 45 días.

Bustinduy destacó que reducir los tiempos de espera en atención temprana a estos menores es uno de los objetivos fundamentales del «consenso de país» ya que es vital para prevenir situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia, así como para mejorar su calidad de vida. Explicó que la actuación rápida es especialmente necesaria en la franja de edad de cero a seis años, por ser una etapa que, según apuntan las evidencias científicas, es crucial para sentar las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social. También es preciso actuar rápido, añadió, para aumentar la inclusión social de los niños que requieren este tipo de atención y para potenciar sus capacidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.

Gracias a estos fondos, además del acortamiento de las listas de espera, se podrán poner en marcha iniciativas como la creación de historias clínicas digitales para cada niño que puedan compartirse (con acceso controlado) entre los servicios de pediatría, educación infantil y atención temprana o se elaborarán planes y talleres de intervención individualizados para los niños que los demanden junto a las familias.

Las autonomías también podrán solicitar fondos para mejorar la detección precoz, con medidas como capacitar a pediatras y a maestros de educación infantil en las señales de alarma y en protocolos de derivación rápida o la realización de cribados en busca de chicos con estas necesidades en todos los centros de salud, mediante revisiones a los seis, doce y veinticuatro meses.

Estos 42 millones de euros servirán, de igual forma, para desarrollar una base de datos centralizada con registro de todos los casos atendidos, su evolución y los recursos utilizados, para digitalizar los informes de evaluación y seguimiento (para que sean accesibles a las familias y los profesionales autorizados) y para elaborar informes integrados en el ámbito social, familiar, médico y educativo.

El plan también recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral sobre el niño, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada pequeño y de sus familias, y apuesta por primer la actuación especializada en los entornos naturales de l menores, como el hogar o el parque.