La desnutrición de los pacientes hospitalizados le cuesta al Estado 1.100 millones al año

Los estudios realizados en España desvelan que uno de cada cuatro hospitalizados o está desnutrido o va en camino de estarlo y que lo mismo ocurre con no menos del 28% de los inquilinos de residencias de dependientes y mayores, porcentaje que otras investigaciones menos conservadoras elevan a casi el doble.

Los cálculos de los expertos indican que esta altísima desnutrición eleva entre tres y siete días de media el tiempo de hospitalización del paciente, que aumenta el coste de su estancia en el centro sanitario entre 1.500 y 3.000 euros y que supone un desembolso anual extra para las arcas públicas de más de 1.100 millones de euros.

Estos sobrecostes se deben al alargamiento de la hospitalización, pero también a los daños y complicaciones de salud que sufren los pacientes desnutridos, que tienen una cicatrización más lenta tras las operaciones, mayor posibilidad de complicaciones y una recuperación más larga. En el caso de las residencias, la desnutrición eleva el riesgo de infecciones, de caídas y fracturas, de complicaciones añadidas a la lista de enfermedades que ya tienen, aumenta la mortalidad y, desde luego, empeora su calidad de vida.

Toda esta evidencia científica, sumada al derecho a la dignidad y a estar bien cuidado de todos los ciudadanos, son los elementos fundamentales que han llevado a los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad a iniciar hoy la elaboración de un real decreto que impondrá en todo el país qué criterios mínimos tendrán que cumplir los menús que se les sirven a los pacientes en los hospitales y a los mayores y dependientes en las residencias, según relataron sus propios titulares.

La norma, que deberán cumplir todas las autonomías, que son quienes gestionan los comedores de estas instalaciones, persigue que los usuarios tengan asegurada siempre y en todo lugar una alimentación saludable y nutritiva (a poder ser también atractiva y sabrosa), que contribuya a mejorar su recuperación y su calidad de vida.

Es una regulación básica estatal que seguirá la estela del real decreto de comedores saludables en colegios e institutos que hace un mes aprobó el Consejo de Ministros y que entrará en vigor para el próximo curso escolar. Establecerá los criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que deberán orientar la contratación, la adquisición y la oferta de alimentos y bebidas en los servicios de alimentación de estos centros en todas las comunidades.

El real decreto echo hoy a andar, con la apertura por un mes del período de consulta pública, durante el que ciudadanos, organizaciones y empresas podrán comunicar sus ideas y opiniones. Con la evidencia científica y las aportaciones sociales, de los técnicos y de las autonomías se elaborará el decreto, que se quiere tener aprobado «lo antes posible», pero aún no tiene fecha prevista y será una labor de bastantes meses.

Tanto Pablo Bustinduy como Mónica García, titulares de ambos ministerios, explicaron que el contenido de la norma no está decidido, pero que seguirá la estela y directrices del real decreto de los comedores escolares. La nueva regulación para los centros educativos obliga a dar verduras y frutas todos los días, a aumentar la frecuencia de pescados frescos y legumbres, potencia los productos de proximidad, prohíbe los bebidas azucaradas y la bollería industrial y prácticamente destierra de la mesa las frituras, los precocinados y los alimentos procesados.

Ambos ministros dijeron también que la nueva normativa pretende dar respuesta a un «clamor social» y a las muchas denuncias recibidas tanto de ciudadanos como de entidades sociales y colectivos profesionales sobre las deficiencias detectadas en algunos centros y la necesidad general de mejorar la alimentación en hospitales y residencias. Indicaron que los gestores de hospitales y residencias que ofrecen unos buenos menús no tienen nada que temer de los futuros mínimos. «El que lo está haciendo bien, lo tiene ya todo hecho», aseguró Bustinduy.