El Congreso tramita una ley para que las gafas de los menores salgan gratis

La norma, una proposición de ley impulsada desde el Parlamento de Andalucía, tiene como objetivo general paliar en todo lo posible la pobreza visual en España, la incapacidad económica de millones de personas para pagarse las lentes correctoras que necesitan. Por este motivo, el texto también prevé que el Estado subvencione la adquisición de gafas o lentillas a los adultos en situación más vulnerable y que fije las aportaciones públicas concretas, mayores o menores, a que tendrán derecho en función de los ingresos del beneficiario.

La proposición, de salir adelante en los términos actuales, es una reforma de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que incluiría en la cartera de servicios suplementaria de la sanidad pública española los productos ópticos y de salud visual, lo que permitiría su financiación o copago con fondos estatales como ocurre en diferentes grados con otras áreas de esta misma cartera como los medicamentos, los productos ortoprotésicos y dietéticos o el transporte sanitario no urgente.

La futura ley define en su artículo 18 bis la prestación de productos ópticos y de salud visual como «la dispensación y utilización de todos los productos o tratamientos cuya finalidad sea el cuidado y mejora de todas aquellas alteraciones o enfermedades relacionadas con las funciones básicas del sistema visual y que impidan o dificulten a una persona conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social».

El texto, sujeto a partir de ahora a modificaciones durante la fase de enmiendas, indica que los fondos para financiar anualmente el pago y las subvenciones de gafas y lentillas los fijará el Gobierno, que después se los transferirá a las autonomías para su gestión, y que saldrán de los Presupuestos del Estado.

La norma, en su disposición transitoria única, prevé que en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor el Consejo Interterritorial del SNS, en el que se reúnen los representantes del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de Salud, deberá aprobar un plan de puesta en marcha gradual de las nuevas prestaciones, que deberá incluir un acuerdo de financiación y fijará los topes subvencionables para las lentes de adultos según sus condiciones socioeconómicas. Los productos ópticos para niños y adolescentes deben ser gratuitos en cualquier situación familiar.

La razón de crear un sistema de financiación público de gafas y lentillas se fundamenta en que, dado que el único acceso actual a estos productos es privado, en España se está produciendo una discriminación entre quienes puedan adquirirlos o no según su renta, lo que genera efectos negativos en el desarrollo educativo, social o laboral de millones de españoles, desde la infancia a la madurez.

Como prueba de la existencia de esta desigualdad social, el preámbulo de la norma recuerda que los españoles con puestos profesionales de relevancia (directores y gerentes) usan doce puntos porcentuales más gafas o lentillas que los trabajadores no cualificados. Y esto no ocurre por unos hipotéticos mayores déficit visuales de los primeros sino por la incapacidad de los segundos para pagarse las lentes que necesitan. De igual manera, casi uno de cada tres menores españoles con problemas de salud visual no los tiene resueltos por la escasez de ingresos de su familia. Algo que puede marcar negativamente su futuro, pues hasta los 12 años el 80% del desarrollo socioeducativo se produce a través de la vista.