La reforma de la dependencia y la discapacidad supera el primer órdago parlamentario

El PNV, que había presentado una segunda enmienda a la totalidad, la retiró esta misma mañana tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, el impulsor de la iniciativa, para hacer una decena de cambios de calado en el proyecto durante el período de enmiendas.

Salvado este escollo, la ley continuará su tramitación parlamentaria. Ahora los grupos deberán presentar sus enmiendas al articulado, debatirlas, negociarlas y votarlas, proceso en el que se comprobará si existe o no una mayoría suficiente en la cámara para aprobar la reforma, pues son varios los grupos que hoy no han querido boicotear de entrada la tramitación de la norma, pero que no garantizan al Gobierno su 'sí' definitivo salvo que acompañe la ley de un compromiso por escrito de aumento de la financiación estatal para sufragar los nuevos derechos.

En esta posición está especialmente el PP, que con su no respaldo a la enmienda de Junts solo se comprometió a evitar que la ley no decayese en el primer filtro parlamentario -como le reclamaban insistentemente las principales organizaciones sociales y de la discapacidad-, pero que ya avisa que está muy lejos de aprobar el proyecto de ley tal y como está redactado. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pidió al PP y al resto de grupos que la norma se apruebe con el consenso más amplio, como ocurrió con la ley ELA, y se comprometió a que «las reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables».

La reforma tiene como objetivos terminar con los recortes que el Gobierno del PP implantó entre 2012 y 2013, actualizar una ley de dependencia con casi 19 años, aumentar la autonomía personal y el tiempo de permanencia en su domicilio de estos ciudadanos e incorporar a la legislación la reforma constitucional que hace casi dos años cambió el término «disminuido» por «personas con discapacidad» y reclamó que el Estado les garantice el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de españoles.

El proyecto introduce decenas de mejoras en ambas leyes. Buena parte de las novedades de la dependencia persiguen dar apoyos a mayores y discapacitados para que puedan mantener un vida digna y autónoma en su domicilio, que es lo que reclama la mayoría.

Convierte la teleasistencia en un derecho a garantizar por los poderes públicos siempre y de forma gratuita, amplía las ayudas a cuidadores no profesionales más allá de los familiares (amigos y entorno), permite la compatibilidad de prestaciones (que un dependiente tenga teleasistencia, ayuda domiciliaria y además plaza en un centro de día, por ejemplo), extiende la ayuda domiciliaria al entorno comunitario (acompañamiento a compras, al médico, a gestiones o al centro de día) y prevé un servicio de préstamo de productos (sillas de ruedas, andadores, grúas, camas asistidas).

De igual forma, autoriza al dependiente que tenga derecho a la asistencia personal a recibirla bien de las instituciones bien como prestación económica para una contratación privada, establece que el pago de las prestaciones debe abonarse de forma retroactiva (desde el momento de la solicitud), que el programa de atención al dependiente tenga que respetar las preferencias del beneficiario, que los trabajadores deban certificar no tener antecedentes por delitos sexuales y que a la hora de fijar copagos deba de excluirse el valor de la vivienda habitual y tenerse en cuenta la edad y el tipo de servicio.

Por el lado de la discapacidad, la principal medida es que declara el derecho a la accesibilidad universal de estas personas a todo tipo servicios o ámbitos de la vida, lo que tiene implicaciones directas tanto en la esfera pública como en la privada. Las obras o modificaciones técnicas que permitan que los vecinos con alguna clase de discapacidad puedan transitar libremente por el edificio y entrar y salir con autonomía y sin barreras de sus viviendas (rampas, ascensores, dispositivos de acceso) se convierten en una obligación legal para las comunidades de propietarios españolas y son exigibles ante los tribunales en caso de negativa. Este medida, que contará con un fondo estatal de ayudas, según los cálculos de Cermi, el principal representante de los españoles con discapacidad, evitaría que siguiesen atrapados en sus domicilios unos 100.000 españoles, muchos de ellos ancianos, que en el mejor de los casos viven aislados y que en numerosas ocasiones se ven abocados a ingresar en una residencia sin desearlo por la falta de autonomía personal.

La norma también prevé la concesión automática de al menos un grado 33% de discapacidad a todas las personas que les sea certificada la situación de dependencia, incluye multas de entre 600.000 y un millón de euros contra las mofas y utilizaciones de discapacitados en espectáculos (como el «bombero torero»), prohíbe la discriminación o penalización de estos ciudadanos en seguros de salud o vida, establece un registro estatal de tarjetas de estacionamiento reservado para evitar usos fraudulentos y garantiza las terapias de rehabilitación como un derecho.