Irene Montero, tras la prohibición del 8-M: «Nos quieren negar la calle»

«Hay quienes quieren negarnos el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir. La calle para estudiar, para trabajar, para reivindicar y conquistar derechos«, ha afirmado Montero, que acepta las recomendaciones sanitarias, pero eso »no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria completamente engrasada«.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que han sido comunicadas a las autoridades y que estaban previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo de 2021.

La Delegación alega razones de «salud pública» para prohibir cualquier manifestación en la región, que es la comunidad con mayor incidencia acumulada del país con 261 casos por cada 100.000 habitantes este pasado miércoles, que le situaban todavía en zona de 'riesgo extremo'.

El veto, explicaron fuentes del Ejecutivo, es a cualquier acto multitudinario que tenga lugar en la región, sea por la motivación que sea. No obstante, las únicas manifestaciones y concentraciones de envergadura comunicadas para esos días a la Delegación del Gobierno eran exclusivamente para celebrar el Día de la Mujer.

La prohibición de celebración afecta a las casi 70 peticiones de manifestaciones que se habían registrado para celebrar en la región el 8-M. Las principales estaban previstas en lugares como Embajadores, Atocha, Cibeles, la Puerta del Sol o Callao. La propia Comisión 8-M había convocado cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de Madrid para el lunes próximo, entre las 6 y las 9 de la tarde, con un «exhaustivo protocolo» para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad anti-covid.

La decisión de vetar las marchas y concentraciones, precisó la Delegación, se ha tomando «estudiado detalladamente cada una de las peticiones presentadas, tanto en los recorridos establecidos como en la previsión de asistencia, la duración de las mismas y los lugares de celebración, entre otros detalles». Según explicó el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la Policía había calculado que las convocatorias comunicadas hubieran supuesto que al final más de 60.000 personas se hubiesen congregado en el centro de Madrid.

El delegado-quien reveló que había convocadas para el 7 y el 8 de marzo 104 manifestaciones de las que el 70% eran con motivo del 8M- , dijo estar «convencido de que muchos de los que pensaban manifestarse están ya pensando en otras fórmulas que no perjudique la salud de los madrileños». «Confío muchísimo en la responsabilidad de los madrileños, no contemplo que haya manifestaciones ilegales», afirmó a pesar de que varios colectivos llamaron a ignorar el veto.

En un principio, Franco se había mostrado dispuesto a autorizar aquellas concentraciones de menos de 500 personas, alegando a un criterio fijado por la Consejería de Sanidad que este departamento negó. De hecho, desde un principio, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recomendó a la Delegación proscribir todas las manifestaciones.

«Se ha tomado la decisión firme de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas, en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional», apuntó este jueves José Manuel Franco.

La prohibición definitiva de las manifestaciones feministas en Madrid ha tenido lugar tras dos semanas de polémicas, después de que en 2020 el virus se propagara en los actos del 8-M que no tuvieron ninguna restricción. Aunque al inicio de la controversia el Gobierno central quiso quedarse al margen, la pasada semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, forzó un giro al asegurar tajantemente que este año « no ha lugar» el 8-M multitudinario. Poco después la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, pidió en nombre del Gobierno que este año se celebre y reivindique el feminismo «con voz alta y con voz clara», pero con prudencia e imaginación para no poner en riesgo la seguridad y la salud de los ciudadanos.