A prisión por el asesinato de su expareja en Barcelona

El magistrado también ha acordado que al acusado se le retire la patria potestad de su hijo. La custodia del menor pasará a la familia de la víctima por orden del juez, según fuentes del TSJC. El menor, según el juez, se ha quedado sin madre de forma «muy cruel» y hay que «protegerle de la perniciosa influencia que pueda representar el contacto con quien ha matado a su madre». El juzgado también ha acordado tras la comparecencia del acusado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el menor, incluso a través de terceras personas (familiares o amigos), para garantizar la protección total del niño, «evitando un aumento del dolor y daño moral y psicológico que le ha causado el investigado», señala el auto judicial. El detenido ha contestado sólo a preguntas de su defensa, según fuentes judiciales.

La víctima, de 25 años y madre de un menor, fue asesinada el lunes por su expareja, en el piso que habían compartido en la capital catalana. La asfixió hasta la muerte y acto seguido se entregó a la Guardia Urbana de Barcelona. En la comisaría relató que su pareja estaba muerta en casa. Cuando la Policía llegó al piso, confirmó el extremo. La víctima presentaba claros signos de violencia. La había estrangulado en la cama. Se da la circunstancia de que el lunes mismo, el día que fue asesinada, la víctima estaba citada por una denuncia que había presentado ante los Mossos d'Esquadra por presuntas amenazas contra su presunto asesino.

En el auto que decreta su ingreso en prisión, el juez afirma que los indicios de asesinato «son claros», toda vez que el investigado «acudió a comisaría reconociendo que había matado a su mujer, les entregó las llaves de casa y allí la encontraron». «Antes de ir a comisaría se lo contó a dos amigos y en el juzgado no ha negado los hechos, solo ha explicado que tiene problemas de consumo de alcohol y drogas», según el relato de los hechos. «No se concibe ninguna otra hipótesis posible para la muerte violenta» de la víctima que el asesinato, según el juez. «Es evidente que la prisión provisional es necesaria para evitar el riesgo de fuga dada la elevada pena del hecho», añade el magistrado. El riesgo de fuga sería elevado para una persona con arraigo en España pero además en este caso no tiene permiso de residencia, ni vivienda o trabajo.