Cómo serán las pensiones en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo

La Comisión del Pacto de Toledo señala que hay que hacer efectivo el principio de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. De acuerdo con este principio, las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones contributivas, mientras que financiación de las no contributivas y otras prestaciones universales ha de efectuarse a través de aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social. Asimismo, la recomendación señala que se debe superar el déficit financiero de la Seguridad Social no más tarde de 2023.

Las pensiones tendrán que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas mediante una revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real. La Comisión considera que la revalorización se debe diferenciar de cualquier otra acción de mejora encaminada a aumentar dicho poder adquisitvo y que, para que el sistema se sostenga, las subidas por encima del IPC deben ser sufragadas con cargo a recursos financieros distintos a los de la Seguridad Social.

De acuerdo con la Comisión, el Fondo de Reserva puede «ser una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social». Por ello se muestra preocupada por la reducción de activos de este Fondo y la pérdida de capacidad para hacer frente a futuros retos financieros. La Comisión señala que, una vez se recupere el equilibrio en las cuentas, debe retomarse la regla que establece que los excedentes de las cotizaciones deben incorporarse a este fondo, así como que sus activos se usen estrictamente para el pago de prestaciones de naturaleza contributiva. Asimismo, la comisión indica que este fondo no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural.

La Comisión propone que se produzca una convergencia de los distintos regímenes del sistema para reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. También señala que deben promoverse las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

La Comisión considera adecuado mantener en quince años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social y también la referencia (a partir de 2022) de los 25 años para calcular la prestación contributiva. No obstante, la Comisión también considera importante evaluar la posibilidad de permitir elegir «los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión».

Según la Comisión, solo debe priorizarse con un tratamiento preferente a colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género. También debe fomentarse la contratación de parados de larga duración y de los jóvenes, así como el mantenimiento del empleo de las personas contratadas que tengan 55 o más años.

Se debe cumplir con las obligaciones de información al ciudadano, de manera que cada uno pueda disponer de datos periódicos actualizados sobre sus futuros derechos de pensión.

Para mejorar la gestión del sistema, la Comisión propone la creación de una agencia de la Seguridad Social que gestione de forma integrada las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones. También señala que hay que «abordar de manera inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social«.

De acuerdo con la Comisión, hay que completar el proceso de modernización y transparencia en el funcionamiento de las Mutuas, dotándolas de un margen de flexibilidad en el uso de sus recursos, compatible con un estricto control por la Seguridad Social.

Según el Pacto de Toledo, se debe favorecer que todas las administraciones implicadas puedan cruzar información existente en sus bases de datos. Asimismo, señala que deben reforzarse los medios de la Inspección de Trabajo y el régimen sancionador a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

De acuerdo con la Comisión, hay que preservar el principio de contributividad pero combinándolo con el de solidaridad, para permitir una mejora de las pensiones más bajas que no desincentive el deber de cotizar. Asimismo, considera que hay que evitar las consecuencias negativas sobre la brecha de género en materia de pensiones.

La Comisión considera que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Para ello dice que es necesario reforzar dos líneas básicas de actuación:

- Fomentar la permanencia de los trabajadores en activo a través de la adaptación y mejora de los incentivos sociales, fiscales y laborales. También pide que se establezcan nuevas medidas que permitan la compatibilidad de la pensión y los ingresos de la actividad profesional para alargar la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

- Atender las situaciones de vulnerabilidad que la prolongación de la vida laboral puede generar en determinados colectivos.

Además la Comisión considera que la jubilación anticipada debe reservarse a los trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella.

El Pacto de Toledo propone llevar a cabo una reforma gradual de las prestaciones por muerte y supervivencia (especialmente la de viudedad) manteniendo su carácter contributivo. De acuerdo con la Comisión, la acción protectora debe concentrarse en las personas beneficiarias de una pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos. Para ello considera que el mecanismo más adecuado es elevar el porcentaje de la base reguladora. En cuanto a la pensión de orfandad, señala que se debería mejorar su cuantía.

Queda suprimida esta anterior recomendación sobre el reordenamiento del tratamiento tributario.

En relación con el concepto de suficiencia, la Comisión cree que debe haber referencias adecuadas como, por ejemplo, la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los trabajadores ocupados). Asimismo considera preciso establecer un ámbito territorial de medición comparada, en concreto el de los países más avanzados de la Unión Europea. La Comisión apoya el mantenimiento de las cuantías mínimas de las pensiones para asegurar un umbral mínimo de rentas. Dichas mejoras deberían financiarse con cargo a la imposición general.

La Comisión subraya la importancia de impulsar sistemas complementarios de carácter voluntario, sustentados en el marco de la negociación colectiva. En cuanto a los planes de ahorro individual, considera que su gestión debe ser más transparente.

La Comisión defiende la adopción de medidas de carácter estructural para conseguir que se equipare la cobertura por pensiones entre hombres y mujeres. En cuanto a los jóvenes, el Pacto considera necesario recuperar su confianza: «Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones. Estas circunstancias determinan el descrédito de nuestro sistema de seguridad social entre la juventud. Un objetivo básico es que los jóvenes recuperen la confianza en el sistema».

De acuerdo con la Comisión, debe favorecerse el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Para ello, propone compatibilizar la percepción de pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.

La Comisión señala que «deben apoyarse los puentes de inmigración legal para satisfacer la demanda del mercado laboral». Para ello, la Seguridad Social debe adecuar los procesos con medidas que faciliten la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

El Gobierno, según la Comisión, debe comparecer anualmente ante el Pacto de Toledo para informar de la situación de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas. En cinco años el Congreso habrá de proceder a una revisión de las recomendaciones y evaluar su grado de cumplimiento.