Obras previstas y sin ejecutar habrían amortiguado la tragedia de la DANA en Valencia

En el río Magro estaba prevista la construcción de una presa de laminación de avenidas proyectada en 2001. Finalmente se descartó en 2008 por problemas geológicos en la zona, pero se acordó la ejecución de unas obras de laminación y encauzamiento del cauce que ahora habrían disminuido la virulencia de la riada. Es la opinión de Manuel Miñés, gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, ha señalado que «todo aquello no se hizo».

La situación es muy similar en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ha causado decenas de muertos. Desde 2007 había proyectos para obras de laminación y encauzamiento y su conexión con el nuevo cauce del Turia pero llegó la crisis y no se ejecutaron.

El proyecto en el barranco del Poyo ascendía a unos 250-300 millones de euros de entonces, una cantidad que ahora se vería incrementada por la inflación. «No se han hecho y ahora hay muertos y millones de euros en pérdidas materiales», apunta Félix Francés, director del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería y Medio Ambiente.

Francés señala que en el retorno de la inversión era de unos 14 millones de euros anuales. «Todo el mundo entiende que hay que ejecutarlo pero el Ministerio para la Transición Ecológica tiene su presupuesto y debe priorizar», ha destacado Francés.

El proyecto consistía en el encauzamiento del barranco del Poyo con corredores verdes para conectarlo con el nuevo cauce. En la parte baja, donde el encauzamiento es más antiguo, no se podía actuar por falta de espacio y se pretendía conectarlo con el cauce.

El exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia, Federico Bonet, mantiene una opinión similar. Bonet ha recordado que la actuación ejecutada en el barranco del Poyo y en la rambla La Saleta en Aldaia se proyectó para hacer frente a un caudal de agua de 800 metros cúbicos por segundo. El proyecto presentado a principios de siglo aumentaba su capacidad hasta los 1.500 metros cúbicos.

El caudal provocado el martes por la avenida del barranco tras las lluvias ha sido de 2.000 metros cúbicos por segundo. «La tragedia hubiera sido tres veces menor si las obras hubiesen estado terminadas», ha explicado Bonet.

Tampoco se ha ejecutado la conexión valorada en 35 millones de euros de la rambla La Saleta para mitigar las inundaciones en Aldaia y Quart.

En el mismo sentido, también ha recordado que otro de los proyectos que no se ha ejecutado es el de defensa integral del río Júcar que incluía la ejecución de una presa en Montesa sobre el río Canyoles que desemboca en el Júcar y otra en Estubeny pero «en la Comunitat no se ha hecho ninguna obra hídrica en los últimos quince años». Y esto se debe, en su opinión, a problemas presupuestarios de la administración y también por la presión ambiental que no está muy por la labor de hacer este tipo de actuaciones.

Por otro lado, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil han señalado la DANA ha puesto de manifiesto la importancia de realizar un adecuado mantenimiento de las infraestructuras hídricas y los cauces naturales para la prevención de desastres. Este temporal ha demostrado cómo la acumulación de residuos sólidos, vegetación y sedimentos en los cauces ha reducido drásticamente la capacidad de desagüe, agravando los efectos de las lluvias intensas. Esta situación se debe a la falta de medidas de limpieza y mantenimiento de cauces dentro de los actuales planes hidrológicos.

No son las únicas actuaciones que siguen pendientes en la Comunitat. Un informe de la Cámara de Contratistas de 2018 ya denunciaba la falta de inversiones y desde entonces prácticamente no se ha hecho nada. El coste de las actuaciones pendientes supera los 500 millones.

El Estado tiene prevista la construcción de las presas de Montesa (30 millones), Sellent (30) y Vilamarxant (30) de las que hasta el momento no se sabe nada.

El informe encargado por la Cámara de Contratistas, y que fue consensuado con las administraciones autonómicas y central, refleja la necesidad de que se acometan actuaciones para frenar el riesgo de inundaciones en el cauce bajo del Turia y el área metropolitana. El coste asciende a los 80 millones de euros.

A esta cantidad hay que sumar, además, otros 129 millones incluidos para reducir el riesgo de inundación en la zona del bajo Turia y la Ribera del Júcar. También está pendiente de ejecución.

El informe destaca que la mayor parte de las obras contra inundaciones en la provincia de Castellón siguen pendientes con un presupuesto aproximado de 61,5 millones.

Tampoco se han llevado a cabo la mayoría de las obras incluidas en el plan director de defensa contra las avenidas en las comarcas alicantinas de la Marina Alta y Baixa, actuaciones que están presupuestadas con un coste estimado de 81 millones.

Otro de los casos pendientes es del plan global frente a inundaciones en la Ribera del Júcar aprobado en 2000. Recoge la construcción de presas de laminación en distintos puntos o mejoras de drenaje. Todas estas actuaciones fueron valoradas en 2015 en un importe de 750 millones. La mayor parte siguen sin realizarse.

Por otro lado, la red de suministro de agua potable de Valencia y su área metropolitana tiene pendiente de ejecución obras por valor de más de 200 millones. Algunas de ellas llevan un retraso acumulado de décadas. Este entramado de actuaciones permite el abastecimiento a cerca de dos millones de personas.

Una de ellas es la actuación para reforzar el actual canal abierto de suministro de agua bruta a las potabilizadoras de El Realón y La Presa. Se hacen necesarias, de esta forma, nuevas infraestructuras que conecten las presas de regulación y las tomas de inicio de captación hasta las potabilizadoras de Valencia.