Los obispos preparan un protocolo que obligará a denunciar los abusos sexuales ante la justicia

Así lo ha dado a entender este lunes el secretario general de la CEE, cuando explicó que el borrador de nuevo protocolo que ha elaborado la comisión española de eclesiásticos constituida en octubre pasado a tal efecto «va en la misma línea» de las normas aprobadas las semana pasada por el Papa para prevenir y perseguir los abusos a menores o a adultos vulnerables en la Ciudad del Vaticano.

Las nuevas directrices vaticanas establecen de manera taxativa que cualquier abuso que sea conocido o detectado en el seno de la Iglesia debe ser denunciado a la justicia civil e incluso establecen multas de entre 1.000 y 5.000 euros para quien no cumpla con esta obligación. A la pregunta sobre si el nuevo protocolo que ultima la Iglesia española también establecerá la obligación de denunciar cualquier abuso, Luis Argüello ha contestado con un «seguramente sí». «Seguramente en estos días trabajaremos estos asuntos», ha completado Argüello en referencia a la Asamblea Plenaria de los obispos españoles que ha comenzado este lunes y cuyos debates durarán hasta el próximo viernes.

El protocolo vigente de la CEE contra los abusos sexuales, elaborado en 2010 como una orientación del texto que podían adoptar cada unas de las 70 diócesis españolas, solo establece que la autoridad eclesiástica aconsejará a las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos y a sus familiares que comuniquen los ocurrido a la justicia, pero no obliga a dar el paso a clérigos, religiosos u obispos. Está fórmula, que es la que meses después recogieron la mayor parte de las diócesis españolas, no ha contribuido a desterrar los encubrimientos de casos o el silencio cómplice, comportamientos admitidos ahora por la propia jerarquía eclesiástica española como una triste realidad en muchas ocasiones.

 

La primera diócesis española que estableció para todos sus miembros la «obligación» de comunicar a la Fiscalía los datos o indicios que hubiesen conocido aunque no hubiese la certeza total de que los abusos sexuales se habían producido fue la de Astorga, que lo hizo con una reforma de su protocolo en 2018. Su iniciativa y su modelo fueron después copiados por otras diócesis como las de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz, Plasencia o Sigüenza-Guadalajara. De hecho, esta iniciativa fue la que justificó que la Conferencia Episcopal pusiese al titular de la diócesis astorgana, Juan Antonio Menéndez, al frente de la comisión que debía redactar el nuevo modelo de protocolo español, que es el que la CEE aconsejará que adopten las diócesis.

Las declaraciones de Argüello se han producido minutos después del discurso con el que el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, ha abierto las sesiones de la Asamblea Plenaria. Blázquez no ha concretado qué medidas baraja tomar la Iglesia española para prevenir y perseguir los abusos sexuales a menores en su seno, pero sí que ha apuntado a la necesidad de implantar la tolerancia cero y la denuncia obligada a la justicia.

Ha indicado que estas «acciones abominables» son delitos que, por respeto a las víctimas, «no pueden quedar impunes», ya que «la víctima, la familia, la Iglesia y la sociedad exigen que no se oculten, que sean juzgados, que no queden impunes, que se corte la difusión de este mal». «Todos compartimos la responsabilidad de proteger a los menores, y por ello de contribuir a que se haga justicia», ha añadido.

El cardenal ha dedicado un tercio de su discurso ante los obispos españoles a recordar la intervención de clausura del Papa en la cumbre vaticana de febrero contra la pederastia en la Iglesia. Ha destacado el pasaje en el que dice que «la Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces» y al que Francisco añadió que «quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre un solo caso de abusos, ese caso será afrontado con la mayor seriedad».

Lo que no han avanzado ni Blázquez ni Argüello es si los nuevos protocolos y directrices que prepara la Conferencia Episcopal incluirán también otras medidas puestas en marcha por el Vaticano como que todo religioso condenado por abusos sexuales será destituido de su cargo o la creación de un servicio de atención y acompañamiento a la víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. De hecho, esta última medida ya tiene un precedente en España. La diócesis de Astorga inauguró este año la primera oficina de atención a las víctimas de abusos de los obispados españoles, atendida por especialistas en derecho civil y canónigo, sacerdotes, psicólogos y otros tipos de asesores.