Los obispos piden una «revisión imparcial» de la encuesta del Defensor sobre abusos sexuales

En el discurso de la inauguración de la asamblea plenaria de los obispos, Omella aseveró que el informe del Defensor del Pueblo «ha llenado de tristeza» a los obispos, así como de «dolor y malestar» ante la difamación pública causada por «una intencionada y errónea extrapolación» de la encuesta, que señala que el 1,13 % de los españoles ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de sacerdotes o religiosos. «Nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación publica causada por una intencionada y errónea extrapolación, realizada por algunos medios de comunicación, a partir de un dato de una encuesta llevada a cabo por la firma GAD3 y publicada en el informe del Defensor del Pueblo».

«Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados», alegó Omella.

Omella no hizo mención alguna al informe del despacho Cremades & Calvo Sotelo, sobre el que hay opiniones encontradas dentro de la Conferencia Episcopal. A este respecto, el episcopado presentará un plan de reparación integral de las víctimas. En todo caso, Omella expresó «sin ambages la vergüenza y la pesadumbre» que provocan en la jerarquía eclesiástica la pederastia clerical. «Nuevamente pedimos perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas execrables acciones, especialmente a las víctimas y sus familias. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamentamos su dolor, así como la traición cometida por parte de algunos miembros de nuestras comunidades».

Frente a esta postura, el nuncio en España de la Santa Sede, Bernardito Auza, no solo no impugnó las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo, sino que agradeció su tarea. «Agradecemos al Defensor del Pueblo y a su equipo de expertos por su trabajo, y expresamos nuestro compromiso de que las recomendaciones serán examinadas con más profundidad, en colaboración con todas las instituciones y todas las personas de buena voluntad».

Los obispos ya tienen en sus manos un resumen de la auditoría interna elaborada por el despacho Cremades & Calvo Sotelo, bufete al que la Conferencia Episcopal encargó una evaluación sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Los prelados tendrán tiempo de estudiarlo durante la asamblea plenaria que celebrarán entre este lunes y el viernes, un encuentro preñado de tensión y malestar por las discrepancias sobre cómo afrontar la pederastia clerical.

En otro orden cosas, el presidente de la Conferencia Episcopal opinó sobre algunos temas de la actualidad política. Omella aseguró que «todos los pactos son lícitos», pero matizó después que cualquier acuerdo que trate de modificar el 'statu quo' de la Constitución de 1978 ha de contar «con el apoyo de una mayoría cualificada de la sociedad»

El cardenal no citó en ningún momento la palabra «amnistía», aunque sí abordó los últimos acuerdos para formar gobierno. Si no hay un amplio consenso, «tales pactos solo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles», sostuvo el mitrado. Omella alegó que «no vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma. Pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma es siempre necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello, ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos».

El presidente de los obispos hizo un llamamiento al diálogo «sin cordones sanitarios ni exclusiones». «Todo los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978», dijo el cardenal Omella.

El líder de la jerarquía eclesiástica abogó por rebajar el clima de crispación social e instó a los dirigentes a trabajar por el bien común. «Les interpelo a que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía de este hermoso país».

Omella animó al presidente Sánchez a recuperar la cohesión social tras los desgarros sufridos por su política de pactos. «Confío en que el nuevo presidente del Gobierno de España, recientemente investido, trabaje activamente con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura».

Omella dijo ser consciente de «las dificultades reales» y los «tiempos difíciles» provocados por «la polarización y la crisis económica, social y política en nuestro país». «Es tiempo de afrontar la realidad con valentía y determinación», sostuvo el presidente de la Conferencia Episcopal.

«Que nuestra astucia o prudencia —que no ha de ser entendida como equidistancia— esté dirigida a construir puentes en lugar de muros, a sanar en lugar de herir. Y que nuestra sencillez sea un faro de luz en un mundo que a menudo se enreda en la complejidad», apostilló.

«Nos enfrentamos a desafíos significativos, y la única manera de superarlos es trabajando juntos como un solo cuerpo, una única voz», apuntó Omella, quien defendió que «la unidad no significa la ausencia de discrepancias, sino la voluntad de abordar las diferencias con respeto y empatía, buscando siempre el bien común».