Los obispos atacan la 'ley trans' por suponer una «perversión» del sistema legislativo

De acuerdo con los prelados, la norma contiene en su articulado elementos preocupantes de la llamada teoría 'queer', que permite la autodeterminación sexual al entender que el género es un constructo social. Estas ideas «cuestionan radicalmente la identidad sexual de las personas estableciendo e imponiendo arbitrariamente una única concepción antropológica».

Una nota de la Subcomisión Episcopal de la Familia y de Defensa de la Vida, dada conocer hoy y titulada 'A favor de la dignidad e igualdad de toda la vida humana', arremete contra la «colonización ideológica» que plantea la iniciativa. «Es llamativo que se haya incrementado considerablemente el número de adolescentes que piden cambiar de sexo sin presentar una auténtica disforia de género, sino como manifestación de inestabilidades afectivas propias de esa edad», argumentan la jerarquía católica. Para el episcopado, los estudios coinciden en que más del 70% de los niños que solicitan cambiar de sexo, cuando superan la adolescencia, «no siguen reclamando ese cambio».

Según el parecer de la jerarquía eclesiástica, «un Estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica en todos los ámbitos: educativo, jurídico, sanitario, laboral, en los medios de comunicación, en la cultura, el deporte y el ocio».

La ley trans prohíbe las terapias de conversión, permite el acceso a técnicas de reproducción asistida dentro de la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud a las mujeres lesbianas, bisexuales y aquellas sin pareja, y establece la filiación de bebés para mujeres no casadas. Esta norma, a juicio de los obispos, con el pretexto de «despatologizar» la transexualidad, da lugar a «poder solicitar y aplicar tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona». Tales planteamientos, dice la jerarquía eclesiástica, representa un claro ejemplo claro de «irracional dogmatismo ideológico».

Los mitrados se muestran en contra de del proyecto, por cuanto al consagrar la premisa de que la transexualidad «es fruto de de una elección de la identidad de género», impide que la ciencia, a través de la medicina, «estudie y determine el tratamiento más aconsejable». «Podemos decir, por tanto, que se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad».

«No se puede decir que la reasignación de sexo hormonal y quirúrgico soluciona los problemas que conlleva los trastornos de disforia. Son muchos los testimonios de personas que se han sometido a la reasignación y no han visto solucionado su situación. Igualmente hay que valorar bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los mismos», arguyen los obispos.

La jerarquía católica aduce que Iglesia católica debe desarrollar «sentimientos de acogida a personas con disforia de género (discordancia entre identidad de género y el sexo biológico). Sin embargo, denuncia el uso de tratamientos «prematuros e irreversibles, aún más cuando no se está seguro de la existencia de una auténtica disforia de género». «Las actuaciones médicas que se lleven a cabo en los menores, después de una serena reflexión, nunca deben ser de carácter irreversible dada la incertidumbre sobre los cambios que pueden darse en el desarrollo de la personalidad durante las fases de la pubertad y la adolescencia», se sostiene en la nota.

La ley, que salvó la semana pasada en el Congreso las enmiendas a la totalidad planteada por Vox y PP, plantea muchas reservas a los obispos. Los prelados alzan la voz y piden «respetar la libertad de conciencia y de ciencia a todos los profesionales de los diversos ámbitos de la vida social sin condicionar el desempeño profesional en libertad». «Nos preocupa», dice la Conferencia Episcopal, «que se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en el campo educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura, medios de comunicación».

A los miembros de la jerarquía eclesiástica les inquieta la «preocupante implicación directa de la Administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género». Sus invectivas se dirigen no solo contra la ley 'trans', sino también la de del aborto. En este sentido, abominan de «aspecto reprobables» del proyecto. En primer lugar, deploran que se consagre el aborto como un derecho y sostiene que es un atentado a la igualdad «permitir el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio». Además, condenan la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Por añadidura, censuran la obligatoriedad de que los médicos que rechacen realizar abortos tengan que inscribirse en un registro de objetores de conciencia.