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Por otro lado, desde el 1 de enero de 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de 400 metros cuadrados o más tendrán que contar con, al menos, un 20 por ciento de su área a productos sin embalaje primario, con venta a granel o a través de envases reutilizables. Además, deberán aceptar envases reutilizables (bolsas, 'tuppers' o botellas) de cuyo buen estado de higiene deberá responsabilizarse el usuario y en caso de no estarlo, el comerciante podrá rechazarlo.

La nueva Ley incluye la obligación de las entidades locales de establecer la recogida separada de «al menos», papel, metales, plástico y vidrio; los biorresiduos (orgánica) antes del 30 de junio de este año en municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto; los residuos textiles, el aceite de cocina usado y los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, igual que en el caso de los residuos de muebles y enseres.

Se permitirá un volumen de impropios en el caso de los biorresiduos de hasta el 20 por ciento desde este mismo 2022 y del 15 por ciento desde 2027, aunque ese porcentaje podrá reducirse por orden ministerial.

En total, en el año 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos de manera separada debe ser de «como mínimo» el 50 por ciento en el peso total de todos los que se generen.

Sin embargo, la ley permite la recogida conjunta de algunos materiales dado que reconoce que hacerlo de forma separada implicaría costes económicos «desproporcionados, teniendo en cuenta el coste de los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud derivados de la recogida y del tratamiento de residuos mezclados, la capacidad para mejorar la eficiencia en la recogida y el tratamiento de residuos, los ingresos procedentes de las ventas de materias primas secundarias, la aplicación del principio quien contamina paga y la responsabilidad ampliada del producto.

Así, incluye como objetivos de preparación para la reutilización, que al menos se destine a reciclaje el 50 por ciento de papel, metal, vidrio, plástico, biorresiduo; el 70 por ciento de los no peligrosos de construcción y demolición; en 2025 se tendrá preparar para reutilización y reciclado al menos el 55 por ciento de los municipales y un 60% en 2030de los que, al menos, un 5 por ciento del textil, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, entre otros y un 10 por ciento en 2030.

Las botellas de plástico deberán lograr unos objetivos de reciclado de al menos el 70 por ciento en 2023; del 77 por ciento en 2025; del 85 por ciento en 2027 y del 90 por ciento en 2029 respecto al introducido en el mercado.

En el caso de que estos objetivos no se alcancen en 2023 o 2027 a nivel nacional se podrá implantar en toda España un sistema dedepósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025 y 2029.

Otra de las novedades que introduce esta ley es el avance en la retirada de amianto en el conjunto del país. En concreto, en un año, es decir, antes del 10 de abril de 2023 los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario que planifique su retirada, con una fecha no posterior a 2028 en el caso de los emplazamientos públicos de mayor riesgo afectados.