Multado un 'putero' que denunció a la prostituta por no finalizar el servicio

El resultado de la denuncia se volvió contra él cuando los agentes le informaron de que el municipio donde había practicado sexo dispone de una ordenanza municipal que multa a los «puteros» con hasta 800 euros. Su protesta ante las fuerzas del orden le salió cara y se ha convertido en el primer expediente sancionador que se ha abierto en la localidad por consumo de servicios sexuales en la vía pública.

Y es que Albal ha sido pionero, a nivel nacional, en la lucha contra la prostitución y la trata de personas. El asesinato de la joven Florina, que ofrecía sus servicios en la Pista de Silla el pasado año, provocó una reacción contundente de la población a la que se sumaron en cadena los ayuntamientos afectados por este problema situados a los largo de la V-31.

El movimiento también contó con el apoyo de la Mancomunitat de l'Horta Sud y de la Generalitat para tratar de frenar el consumo de este tipo de servicios sexuales. Incluso fue la semilla de la Plataforma V-31, creada por colectivos feministas de municipios de la comarca para plantar cara a la prostitución que se registra junto a la autovía y que, según señalan, es uno de los puntos negros donde más presencia hay.

No era la primera víctima, en 2004 otra joven aparecía muerta con un disparo en el pecho, justo en el mismo lugar donde se vio a Florina con vida por última vez. En aquella primera ocasión el consistorio cubrió los gastos de su sepultura y sus restos descansan en el cementerio municipal.

A raíz de todo esto, el consistorio dio un paso más con la modificación de la ordenanza municipal de convivencia y buen gobierno incrementando las multas a los «puteros» hasta los 800 euros e incluyendo en el mismo saco a los proxenetas. La ordenanza municipal cifraba en 2012 las sanciones de este tipo en un máximo de 750 euros que afectaban tanto a los consumidores como a las meretrices, pero tras el cambio quedan exentas como víctimas de explotación.

Las modificaciones aprobadas por la unanimidad del pleno también recogen la prohibición de divulgar publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual y lo castiga con multas de 350 euros, como por ejemplo la colocación en los parachoques o ventanas de los vehículos tarjetas o publicidad de prostíbulos.

La postura de sancionar a las prostitutas y a los clientes está vigente desde hace casi una década en la mayoría de localidades de esta zona de l'Horta que vieron en esta medida una opción para erradicar estas prácticas. Beniparrell, Catarroja o Alfafar aprobaron ordenanzas en este sentido que solo conseguía lastrar a las mujeres todavía más, sin atajar realmente el problema.

Con el paso del tiempo, la estrategia ha cambiado y desde los servicios sociales de los ayuntamientos afectados se trabaja con las mujeres para ofrecerles ayuda y se las visita para orientarlas. Las policías locales también juegan un importante papel en este problema y se ha formado a los agentes para saber como intervenir en estas situaciones.

El último asesinato en Albal ha hecho replantearse estas cuestiones. El alcalde de esta localidad, Ramón Marí, recuerda que «los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto una amenaza la democracia y por este motivo tratamos de contribuir en la erradicación de la prostitución y la trata de personas, contando con la sensibilización de otras administraciones». Marí ha sido el primero en poner nombre a los consumidores de sexo y no ha tenido pelos en la lengua para tacharlos de «puteros».

La localidad también aprobó la adhesión a la red de municipios contra la trata de mujeres y niñas y elevó la invitación tanto a la Mancomunitat de l'Horta Sud, como al Consell para, conjuntamente, visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y «acabar con los puteros».

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha apoyado a Albal en esta cruzada contra la prostitución y, a la vez que apremiaba a sus 20 municipios a sumarse a la red de municipios libres de trata y prostitución, también propuso impulsar campañas de concienciación y una mayor coordinación de las policías locales para aumentar el control sobre los proxenetas.

En esta línea, hace unos meses 27 agentes de las policías locales de los municipios de la comarca de l'Horta Sud participaron en una formación sobre prostitución y explotación sexual en la Comunitat Valenciana organizada por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).