Las modificaciones de las pensiones que estudia el Pacto de Toledo: así puede cambiar la jubilación

La reforma actual de pensiones culminará en 2027, año en el que la edad de jubilación se situará en 67 años para los que hayan cotizado menos de 38 años y medio y en 65 años para los que hayan cotizado más. No obstante, mientras llega esta fecha la comisión quiere realizar otras modificaciones. Los grupos parlamentarios están centrando sus negociaciones en cambios asumibles a medio y corto plazo. Algunos de los cambios que hay sobre la mesa son los siguientes.

La sostenibilidad del sistema de pensiones es una de las claves a tener en cuenta. La cuantía de las cotizaciones no permite cubrir todas las pensiones que abona la Seguridad Social. Íñigo Barandiarán, diputado del PNV en el pacto de Toledo, ha explicado que una de las propuestas es que «todo lo que no sea sistema de pensiones propiamente dicho salga del mismo». Es decir, que «las cotizaciones de los trabajadores financien aquellas prestaciones fundamentalmente contributivas o ligadas de forma estrica al ámbito de la solidaridad», señala.

La comisión pretende excluir de la Seguridad Social el pago de ciertas prestaciones como las de orfandad o las del SOVI, que pasarían a ser asumidas por el Presupuesto. No obstante, es previsible que el cambio en las pensiones de viudedad quede fuera de las recomendaciones.

Actualmente la edad de jubilación legal es de 65 años y 10 meses si el trabajador ha cotizado menos de 37 años. No obstante, según los datos aportados por la Seguridad Social a finales de 2019, la edad media a la que los trabajadores empiezan a cobrar la pensión es de 64 años y cinco meses. Por tanto, entre la edad legal de jubilación y la edad efectiva hay en la actualidad una diferencia de un año y cinco meses porque muchas personas se acogen a la prejubilación. Según las cifras que dio Escrivá a principios de año, las jubilaciones anticipadas voluntarias han aumentado un 66% desde 2014 y el año pasado supusieron el 16% del total.

Retrasar la edad efectiva de jubilación (que no la legal) podría ser una forma de hacer frente al gasto en pensiones. El ministro señaló en una de sus intervenciones en la comisión que por cada año que se retrasa la edad real de jubilación se resuelve «un 25% del problema». Por ello cree que es el momento de «desincentivar» las jubilaciones anticipadas.

El texto quiere introducir un impulso de la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal para evitar una salida masiva de cotizantes de los 65 a los 67 años. Asimismo, habría que penalizar las jubilaciones anticipadas, aunque varios miembros del Pacto de Toledo consideran que las actuales penalizaciones son «excesivas». Por eso podrían recomendar cambiarlas, al menos en lo referente a los años cotizados en cada uno de los casos.

Otro punto que debate la comisión es la suficiencia de las pensiones, es decir, si las pensiones son capaces de asegurar una vida estable a sus beneficiarios. Actualmente el 36% de las prestaciones son inferiores a 700 euros mensuales, por lo que el sistema falla. Barandiarán lo define de esta manera: «Que las pensiones mínimas se aproximen a parámetros de dignidad».

Si para aumentar la protección de las pensiones hacen falta más ingresos, una parte de ellos tendrían que llegar por impuestos o recortando otros gastos del Presupuesto. Dado que las conclusiones a las que llegue el Pacto de Toledo son solo recomendaciones, deberá ser el Ejecutivo el que las ponga en marcha.