Se acabó el 'sueño radiactivo' en este pueblo de España

El anterior Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, prometía el oro y el moro. En la comarca se iban a invertir mil millones de euros solo por cobijar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el que se ubicarían todos los residuos generados por las centrales nucleares españolas. De repente, esos sueños de prosperidad se han esfumado. Las autoridades del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica han decidido suspender el permiso para su construcción, dejando con la miel en los labios a unos lugareños que habían cifrado en la infraestructura sus esperanzas de salvación. Sáiz, no da la batalla por perdida. «Esto hay que hacerlo sí o sí. Respeto a todo el mundo, pero detractores hay muy pocos. A la última manifestación contra el ATC sólo vinieron 150 personas, había más guardias civiles... Habrá que esperar otra vez a que se arregle esto».

El municipio conquense languidece sin remedio. Todo es quietud y calles vacías. Cuando el 30 de diciembre de 2011 Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gabinete de Rajoy, aseguró que Villar de Cañas era el pueblo elegido para albergar el ATC, el municipio brindó con la noticia. Se descorchó alguna botella y el júbilo embargó a los vecinos, un sentimiento que ahora se troca en decepción. De los mil millones de esa suerte de 'plan Marshall' conquense sólo se gastaron 200. Nadie colocó un ladrillo, aunque sí se hicieron carreteras y números estudios geológicos.

Catorce propietarios, entre ellos el Ayuntamiento, vendieron terrenos a Enresa, la empresa encargada de gestionar los residuos radiactivos, para que se levantara el ATC. La compañía pública no fue cicatera y pagó 10.400 euros por hectárea -un precio generoso, superior al del mercado- por un suelo que iba a albergar el silo. Donde antes se cultivaba la cebada se iban a plantar contenedores cilíndricos cargados de vestigios de uranio.

Sáiz, propietario de un taller de aperos de labranza y una granja porcina de 2.000 animales, no se anda con remilgos a la hora de cargar contra sus adversarios. «No me ha pillado de sorpresa, me lo esperaba. Teniendo a Emiliano García-Page, que es tonto, ¿qué iba a hacer la ministra? No ha ganado unas elecciones en su vida y está gobernando con los de Podemos. Ya me dirá usted». Lo que el Gobierno hacía, lo desmontaba el Ejecutivo castellano-manchego. García-Page intentó suspenderlo ampliando el espacio de protección animal de la Laguna de Hito. Una decisión que, a su vez, fue revocada por el Tribunal Supremo.

En Villar de Cañas, con sus cultivos de girasol y cereal, sus campos de barbecho, su iglesia y camposanto, ha crecido una aversión a los políticos que se traduce en desconfianza al forastero. «No quiero sabe nada del tema, nada», zanja el panadero. Es difícil encontrar a alguien allí que se oponga al ATC. En uno de los bares del pueblo, El Nido, se repite como una letanía que el almacén era «un beneficio para todos».

Repunte demográfico

La basura nuclear ni se pudre ni apesta, pero dura miles de años. Eso no arredraba sin embargo al municipio, adonde empezaron a llegar algunos pioneros. El censo pasó de 400 a más de 500 habitantes. Por fin parecía que había un alentador repunte demográfico. Se inauguró una consultora y una sucursal bancaria reabrió sus puertas. Lo mismo ocurrió con la gasolinera, antes cercada por las malas hierbas. Al calor de las promesas, se montó un gimnasio y había varios proyectos para crear restaurantes y hoteles. «Unos se han ido y otros no. La población se iba a duplicar e íbamos a ser mil personas», refiere el regidor, que repasa mentalmente un cuento de la lechera que ha acabado de mala manera. Aunque no tira la toalla. «Yo no renuncio a nada. Aquí necesitamos trabajo. Somos la cuarta provincia más grande de España y solo somos 200.000 habitantes», remata Sáiz.

A las dependencias municipales no dejaban de llegar currículos que se archivaban en carpetas. Ingenieros químicos, medioambientales e industriales, así como físicos, presentaban sus credenciales al presidente de la Corporación con la esperanza de desertar de las filas del paro. Pero los sueños de bonanza de Villar de Cañas quedaron sepultados por la burocracia, que una y otra vez fue demorando la iniciativa. El proyecto disgustaba a ecologistas y geólogos, que advertían de que los terrenos elegidos, formados por «yesos, arcillas expansivas y formaciones kársticas», no eran los más adecuados para su finalidad.

«El problema del pueblo es que cada vez hay menos gente. Por cada diez que se mueren solo nace un crío. Nosotros ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Ha sido García-Page quien ha renunciado a mil millones, cuando los españoles estamos pagando 74.000 euros diarios por gestionar los residuos nucleares», se desahoga el regidor.

En el pueblo se ven antiguos carteles a favor del vertedero. Ahora, a la luz de los acontecimientos, se antojan un anacronismo. Pretendían combatir la cruzada que desplegó el Ejecutivo autonómico del PSOE, que no quería ver ni en pintura bidones radiactivos arrumbados en su territorio, ni en Villar de Cañas ni en Yebra (Guadalajara), otro municipio candidato a acoger la instalación. Gestionar el material radiactivo producido por las termonucleares engorda una factura onerosa. Enresa cifra en 17.397 millones de euros el coste que supondrá su tratamiento entre 2010 y 2088.

Pero, en realidad, nadie sabe con certeza a cuánto asciende el dinero que cuesta a los ciudadanos tratar sus desechos atómicos. Así lo reconoció la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su reciente comparecencia ante el Congreso de los Diputados. «No sabemos de cuántos residuos estamos hablando, cuánto cuesta gestionarlos, ni dónde y cómo se gestionan», aseguró en el Parlamento.