¿Ofensa o arte? 9 casos polémicos sobre la libertad de expresión en España

«Dentro de veinte días presentaremos un informe más detallado de lo que está ocurriendo en España», anuncia el director de AI, Esteban Beltrán, quien ya avanza que sus conclusiones no son demasiado optimistas. «El retroceso de la libertad de expresión en España ha sido evidente en los últimos tres años», sostiene.

En apenas 24 horas, tres casos han parecido corroborar sus palabras. Un rapero ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por la letra de sus canciones, una jueza ha ordenado el secuestro cautelar de un libro sobre el narcotráfico gallego y de la feria ARCO ha sido retirada una serie de 24 fotografías titulada 'Presos políticos en la España contemporánea'. Es como si de pronto se hubiera abierto una espita y ante nuestros ojos apareciese un monstruo que se creía desterrado para siempre.

Es lo que muchos pensaban, que la libertad de expresión ya formaba parte del paisaje democrático español, pero el monstruo siempre ha estado ahí, más o menos agazapado. «Esta libertad no es un derecho neutro que se protege a sí mismo, debe ser protegida por el Estado y en estos momentos no está haciendo el esfuerzo necesario para ello», asegura Beltrán. El director de Amnistía Internacional recuerda que 'The New York Times' publicó, también el jueves, que los riesgos para la libertad de expresión en España han aumentado en los últimos tiempos. Para el periódico, el origen de estos riesgos tiene nombres y apellidos: la 'ley mordaza' y el endurecimiento del Código Penal.

«Hay varios elementos que explican el retroceso», aprecia Beltrán. Por un lado está la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Rajoy en julio de 2015, que «amordazó la libertad de reunión y de expresión». «Según los últimos datos oficiales, en 2016 hubo 32.000 sanciones en las que estuvieron implicadas estas libertades y 32 periodistas fueron multados por documentar acciones policiales».

Un segundo elemento, según su hilo argumental, es el artículo 578 del Código Penal, que castiga con entre uno y tres años de cárcel «el enaltecimiento o la justificación públicos» del terrorismo o «la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares». El artículo llegó al Código Penal a finales de 2000 y quince años después se modificó para incluir delitos cometidos a través de las redes sociales y endurecer las penas. Si algo se puede decir de él es que ha sido muy eficiente.

«Los juicios con condenas se han disparado. Cuando ETA todavía mataba, solo una persona fue sentenciada por enaltecimiento del terrorismo. Desde 2011, tras la tregua, han sido condenadas 114», señala el responsable de Amnistía Internacional. «Con esta legislación -añade-, cualquier cosa puede ser enaltecimiento del terrorismo».

El artículo 578 ha servido para sentar en el banquillo de los acusados, entre otros, a Cassandra Vera, condenada en marzo de 2017 a un año de prisión por escribir en Twitter trece mensajes con chistes sobre el asesinato del almirante Carrero Blanco. Un año antes, dos titiriteros acusados de enaltecimiento fueron absueltos, al igual que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que fue juzgado por humillación a las víctimas. El supuesto delito de los cómicos había sido mostrar en un espectáculo una pancarta en la que se leía 'Gora Alka ETA». El edil había reproducido en Twitter chistes de dudoso gusto sobre víctimas como Irene Villa, que, por cierto, declaró no sentirse ofendida.

En cuestión de mensajes ofensivos y de procesos judiciales, quienes ocupan el puesto más alto del podio son los cantantes de rap. El pasado martes, el Tribunal Supremo ratificó la condena a tres años y medio de cárcel que había impuesto la Audiencia Nacional al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias al Rey en sus canciones. La sentencia ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión, puestos una y otra vez a prueba por Valtonyc en sus letras.

El rapero recita versos como los que dirige al presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, a quien le desea «una bomba de destrucción nuclear» y le dedica las frases «llegaremos a la nuez de tu cuello» o «le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta; queremos la muerte para todos estos cerdos». Otras de sus rimas dicen: «Que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada» o «matando a Carrero ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal».

¿Arte o delito?«Hay quien dice que la libertad de expresión ampara cualquier juicio, valor o idea sobre personas, grupos o ideologías y que en una sociedad democrática no se comprende que haya condenas por este motivo. Otros apuntan, por el contrario, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que tiene límites y el primero de ellos es la dignidad humana», explica Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Él es de los segundos: «Cuando se humilla hasta límites extremos e intolerables, se traspasan las fronteras de lo permisible y sí puede haber delito».

Celso Rodríguez mantiene que «considerar como un delito las conductas extremas no es ninguna aberración en un Estado de Derecho». A su juicio, «no hay derechos fundamentales en sí mismos porque todos están relacionados con otros, como los del honor y la dignidad». Es una opinión con la que no está de acuerdo Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD). Para él, la libertad de expresión «debe prevalecer sobre otros bienes jurídicos», y eso es algo que no está ocurriendo en la actualidad. «Vivimos una época de regresión en materia de libertades», concluye.

Ignacio González considera que la Audiencia Nacional «no es la adecuada para juzgar delitos de expresión, que no pueden equipararse a los delitos de enaltecimiento del terrorismo». Estos últimos deberían limitarse a los supuestos «en los que se produce una incitación directa a la violencia», indica. Y debería mantenerse también, añade, «el principio de proporcionalidad» para no imponer penas de prisión a actitudes que deberían ser castigadas «con sanciones de tipo económico».

Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), coincide con González en la defensa de la necesidad de reformar el Código Penal para evitar la persecución de «personas con opiniones críticas y radicales que no son deseables y, aunque sean ofensivas, no suponen daño a nadie». «Si no se da voluntad ni posibilidad de daño, las expresiones son expresables», asegura.

Parece que todo está claro, pero los hechos demuestran que, en cuestión de límites, nadie sabe muy bien dónde encontrarlos. En marzo de 2017, el drag queen Sethlas fue denunciado por la Asociación de Abogados Cristianos por su actuación durante del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se vistió de Virgen, se transformó en Cristo crucificado y pronunció frases provocadoras. La denuncia, que ha sido archivada, no ha frenado a Sethlas. En la pasada edición de los carnavales despidió su reinado con un alegato a favor de la libertad de expresión. Para ello escenificó una 'Última cena' con drags como apóstoles que fue ovacionada por los espectadores.

«La libertad de expresión tiene límites, pero hay que aprender a distinguir lo que es mal gusto de lo que es delito. El problema es que la gente no los conoce, no puedes decir que tienes libertad para todo porque eres artista», expone Ofelia Tejerina, directora jurídica de la Asociación de Internautas. La abogada recalca que no justifica condenas «desproporcionadas» como la que se ha impuesto al rapero Valtonyc, pero insiste en la existencia de unas fronteras que corren el riesgo de pasar al olvido, sobre todo en internet. «No creo que haya un peligro de retroceso en la libertad de expresión, porque los límites están muy claros en la ley. El problema no es legal, sino de educación de la ciudadanía, y las redes sociales nos han mostrado que estamos muy por debajo del nivel».

Yolanda Quintana también cree que «hay que hacer un esfuerzo pedagógico sobre la libertad de expresión». Es una afirmación que acoge con escepticismo el sociólogo de la Universidad de Jaén Felipe Morente. «Me da miedo cuando dicen que hay que educar en valores. ¿En qué valores quieren educar? Lo que hay que hacer es promover la participación activa en el debate», resume.

No es tarea fácil en una sociedad en la que, según Morente, quienes la dirigen no están a la altura de las circunstancias. «Vivimos un momento de incertidumbre en el que no hay posicionamientos ante los derechos fundamentales. Los políticos han perdido su papel y no quieren descubrir sus preceptos ideológicos porque intentan jugar a ver qué le parece a la opinión pública lo que hacen».

Al rapero gallego Volk Gz le denunciaron hace cuatro años por un delito de amenazas en una canción en la que decía «a todo cerdo le llega su San Martín» y «no toleramos a esos bastardos, que entiendan que ya estamos hartos, hartos de tanta hipocresía». Pidieron para él dos años y cinco meses de prisión, pero, al final, ha sido condenado a 120 euros de multa. Tenía entonces 18 años y el vídeo con la canción, que solo habían visto cien personas en YouTube, fue censurado. Desde entonces se lo piensa dos veces a la hora de escribir sus temas. «Nosotros tenemos todo el derecho de expresar nuestra rabia; para mí es una forma de desahogarme y plasmar mis pensamientos. Pero, tras el juicio, sí que noto que busco otra manera de decir las cosas, y eso es algo que les está pasando a muchos. A los que somos antifascistas se nos está recortando cada vez más la libertad de expresión», lanza.

Es lo que Ignacio González llama «el efecto desaliento», la autocensura que ha provocado en ARCO la retirada preventiva de las fotografías en las que el artista Santiago Sierra llama presos políticos a independentistas catalanes encarcelados. Esta es la consecuencia, apunta el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias, de «un retroceso» que comenzó cuando «la izquierda sociológica del país introdujo la figura del delito de odio». En su opinión, ese ha sido «el germen de lo que está ocurriendo, porque cuando se prohíbe una cosa se acaba prohibiéndolo todo».

Después llegó la 'ley mordaza' y luego la reforma del Código Penal. Poco a poco, explica Urias, se eliminó «una de las escasas cosas buenas de la Transición, que fue una Constitución en la que todos nos sentíamos cómodos». «Eso, lo de permitir todas las ideologías, lo hemos roto en los últimos seis años», se lamenta. Lo que queda ahora, aprecia, es bien distinto: «Se quería perseguir las ideas intolerantes y se ha creado la posibilidad de considerar como un delito la expresión de una opinión».

Yolanda Quintana está convencida de que el mundo del arte va a notar los efectos de esta situación. «Muchos jóvenes van a dejar de expresar sus opiniones por miedo», augura. Lo malo, admite, «es que no se van a poder cuantificar». Callarán para no estorbar. Por si las moscas.