Investigan si dos trabajadores de prisiones tuvieron sexo con la asesina del niño Gabriel a cambio de un móvil

Un terminal, prohibido en prisiones, que la asesina habría usado para comunicarse con el exterior, pero sobre todo para grabar los encuentros sexuales con el fin de chantajear a la dirección de la cárcel a fin de conseguir un traslado a un penal de Barcelona.

Los dos sospechosos -según confirmó este martes el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano- ya han dejado de prestar servicio en el centro penitenciario después de ser interrogados por la Guardia Civil, que ha remitido sus conclusiones al juzgado.

La investigación a los trabajadores -bajo la acusación de cohecho se basa en las declaraciones ante la Guardia Civil del educador del centro, tres internas y la pareja actual de Quezada, una mujer. Todos estos testigos coinciden en que Quezada, condena en su día a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño, habría mantenido relaciones con funcionarios y con al menos un cocinero del centro penitenciario.

Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el informe de la máxima responsable del penal abulense, en el que en su día estuvo interno Iñaki Urdangarin, en un módulo especial para él solo.

Pérez afirma en su informe que «Ana Julia refiere en la entrevista con el educador que ha sido víctima de una violación, al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario en cuestión y aprovecharse este de su situación de superioridad y poder con respecto a ella».

Según la versión del educador del centro, que es la que la directora de Brieva incluye en su atestado, esas supuestas grabaciones comprometedoras con funcionarios están en poder de la actual novia de la asesina de Gabriel y que Quezada «chantajea con sacarlas a la luz amenazando», según sus palabras textuales, «con hundir el centro y a su dirección». Además, «refiere (el educador) que el funcionario avisaba a la interna cuando se le iba a realizar un cacheo para guardarle el móvil e imposibilitar su detección durante el registro».

En junio del año pasado, la madre del niño asesinado en Níjar (Almería), Patricia Ramírez, ya solicitó a la Audiencia de Almería (tribunal sentenciador) que investigara el intento de firma de un contrato por parte de Quezada con una productora audiovisual para hacer un documental para una conocida plataforma. Ramírez entonces reveló que la dirección del centro de Brieva denegó su participación tras detectar posibles irregularidades, como el uso de un teléfono móvil por parte de la presa.