El Gobierno carga toda la responsabilidad a la Generalitat Valenciana por la gestión de la DANA

Horas antes, en la madrugada del jueves, el departamento de Fernando Marlaska lanzó una nota para desmentir «determinadas informaciones erróneas» y recordar que «la activación de los planes territoriales de protección civil ante una emergencia de cualquier tipo y su posterior gestión es responsabilidad exclusiva de las autoridades autonómicas, que son las competentes en la materia según lo dispuesto en la legislación vigente».

Ambos ministerios, sin citar expresamente a Mazón, salían al paso de las declaraciones del presidente de la Comunitat que el miércoles aseguró que desde la Generalitat se siguieron todos los protocolos desde el domingo para avisar a la población de los riesgos que entrañaban las previsiones meteorológicas por la DANA. «Es un sistema protocolizado que se ha seguido, por todos los técnicos, los altos mandos, coordinados por las diferentes administraciones, está previamente establecido y lo coordina Protección Civil del Gobierno de España», señaló el presidente, apuntando la responsabilidad del Ejecutivo central.

«Los sistemas de observación y segumiento de la Aemet y de las confederaciones hidrográficas permiten hacer predicciones, pero son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las afecciones sobre la población y de emiir los avisos que correspondan», aclara el Ministerio para la Transición Ecológica-

Lo que no explicó Interior en esa nota informativa es que el Gobierno central sí que podía haber decretado una situación de «emergencia de interés nacional», lo que hubiera supuesto que los responsables del Ministerio del Interior se hubiera colocado al frente del dispositivo. De hecho, el gabinete de crisis reunido el martes por la noche en La Moncloa estudió la posibilidad de decretar de manera unilateral esa «emergencia de interés nacional» (nivel 3), hurtando las competencias a Mazón, pero finalmente descartó esta posibilidad, según han revelado fuentes de ese gabinete.

Acorde a los datos obtenidos, la Aemet «informó con antelación», destaca el Miteco. Las primeras notas informativas llegaron, según los datos ofrecidos por el departamento de Ribera, el viernes 25 y el sábado 26 de octubre. Ya el domingo se emitió un «aviso especial de fenómenos adversos».

Dos días después, «se pudo concretar un aumento de la peligrosidad», aclara el Gobierno. Según su relato, a las 07:31 horas la Aemet elevó a nivel rojo la alerta que minutos más tarde se amplió al litoral sur de Valencia. Dos horas después, a las 09:41, se extendió a toda la provincia. «Es competencia de los servicios de Protección Civil convocar al Centro de Coordinación Operativo Integral (CECOPI), que está presidido por el presidente autonómico y alertar a toda la población».

En su comunicado, Interior efectivamente reconoció hay diferentes «organismos competentes» para detectar «posibles riesgos naturales que pueden afectar a población, bienes, infraestructuras, patrimonio cultural y similares» y que estas instituciones, efectivamente, pueden depender de diferentes administraciones. Sin embargo -precisó el departamento de Marlaska- todos ellas están obligadas a emitir «avisos a los organismos autonómicos de Protección Civil,» que reciben estas alertas y que son los responsables de hacer un «análisis de riesgos» y de «evaluar sus posibles consecuencias».

Este jueves, Mazón, tras conocer el contenido del comunicado de Interior, ha respondido al señalamiento de Marlaska. «No somos meteorólogos. Seguimos los protocolos», espetó el presidente de la Generalitat Valenciana. «Quiero renunciar a la mala política porque no es lo más adecuado», afirmó.

El dirigente valenciano ha asegurado que los responsables técnicos «tienen toda nuestra confianza porque están acostumbrados a informar sobre este tipo de cuestiones». Además ha defendido la gestión de su Gobierno, ya que los «avisos y alarmas» sí que «se han ido trasladando a los ayuntamientos en todo momento siguiendo el protocolo y reaccionando proporcionalmente».

El Ministerio del Interior insistió en su largo comunicado en el que culpa a la Generalitat de la tardanza en los avisos en que son siempre las «autoridades autonómicas de Protección Civil» las que activan las «alertas correspondientes», que pueden implicar la activación de los diferentes planes en función del tipo de riesgo, como pueden ser incendios forestales, movimientos sísmicos, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos como en esta ocasión.

Dependiendo de la envergadura territorial de la amenaza, siempre las «autoridades autonómicas» decretan: la «situación operativa 1» (Ámbito municipal y/o de la comunidad autónoma), que puede afectar a un municipio o a varios y la dirección de la emergencia es responsabilidad de la comunidad autónoma. O la «situación operativa 2» (Ámbito autonómico), cuando la emergencia puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad autónoma. En este segundo supuesto «la dirección operativa la ejerce la autoridad autonómica en Protección Civil, que activa los medios personales y materiales autonómicos necesarios».

Y en esta segunda situación operativa, que fue la que se dio el martes por la tarde en Valencia, «corresponde a las autoridades autonómicas de Protección Civil la gestión del protocolo ES-Alert para enviar alertas a la población que se encuentre en una zona afectada por emergencias o catástrofes inminentes», apostilló Interior.

«En el caso de la DANA que ha afectado a la Comunitat Valenciana, el envío de esta alerta masiva a la población era responsabilidad de la Generalitat, como ya hicieron los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía en pasadas emergencias de similares características», explicó el departamento que dirige Grande-Marlaska, en referencia a la activación de estos avisos, que se estrenaron oficialmente en septiembre de 2023 para alertar de fuertes lluvias en la Comunidad de Madrid.

También en esta situación operativa, la autoridad competente en Protección Civil puede, en función de la gravedad de la emergencia y la disponibilidad de medios, solicitar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, la activación de medios extraordinarios del Estado, como por ejemplo la Unidad Militar de Emergencias (UME).

«El Ministerio del Interior hace un llamamiento a todas las administraciones autonómicas y locales concernidas por la respuesta a las consecuencias de la DANA que desde este martes afecta a varias comunidades autónomas para que aunemos esfuerzos para proteger la población afectada y encarar una rápida reconstrucción de las comarcas dañadas», concluyó el comunicado del Gobierno central.