«Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»

«Me inmovilizaron con contenciones durante más de diez horas simplemente porque no había nadie que pudiera quedarse conmigo. Es algo que no puede considerarse normal ni aceptable», dijo. «Se me priva de movimiento por una orden cruzada», afirmó. Fue una medida «desproporcional y traumática».

Durante ocho días en su primer ingreso no pudo moverse, le colocaban la contención al irse sus padres después de cenar y no se la quitaban hasta las nueve de la mañana, no podía salir de una habitación sin ventilar al estar en el área de salud mental en el que las ventanas no tienen manilla y al no dormir bien por las cinco correas que le sujetaban a la cama le aumentaban la medicación. Y todo esto sin que un psiquiatra o psicólogo pasase por su habitación. «Lo único que hacían es darme pastillas», relató.

En su segundo ingreso en 2022 volvió a vivir lo mismo hasta que una fecha que nunca olvidará, el 29 de mayo, su madre avisa al control de planta de que se marcha y de nuevo le colocan contenciones. «Ese día entré en crisis porque ya no lo soportaba más y consigo autolesionarme en el cuello y los brazos». Es el momento en el que el médico llega a la habitación a atenderla y le dice que a partir de entonces no le colocarán más las contenciones y que una trabajadora estará con ella siempre que esté sola. «¿Por qué no han hecho esto antes?», es la pregunta que Nerea lanzó a los miembros de la comisión de Salud.

Después de años de tratamiento se siente con fuerzas para relatar una situación que para ella ha tenido consecuencias físicas y psicológicas. «No busquen refugio en que era una orden médica para evitar la autolesión porque si fuera así se seguiría aplicando y de repente un día se nos dice que en base al mismo plan de contingencia se me retiran las correas».

Sus padres escribieron al Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria III y nunca han recibido un informe sobre lo sucedido al que se hace referencia en la respuesta enviada.

Ese plan señalaba ya la necesidad de que los menores estuvieran acompañados. Con ella no se cumplió, entiende Nerea, y por ello considera que el plan de contingencia «lo tenían como recurso para sustituir a los recursos humanos y materiales que faltan». Para ella, «si un hospital necesita atar a una menor simplemente porque no hay personal, entonces el problema es el sistema».

Precisamente Nerea Peláez intervino en la comisión por la denuncia realizada por algunas enfermeras de esta área del Hospital Universitario San Agustín que llegó al Partido Popular, que pidió que se escuchase el testimonio de esta paciente.

Ella recordó a los diputados que «como representantes públicos tienen que velar por el bienestar de las personas y espero que ahora estén pendientes y se hagan visitas al hospital para ver cómo estamos, porque la pasividad es también una forma de complicidad».

Y concluyó diciendo: «Espero que mi testimonio no se quede en un acta guardada en un cajón o en una frase bonita de apoyo, sino que se tomen medidas reales y urgentes. Las consecuencias físicas y psicológicas que nos ha provocado esto es motivo para que pidan responsabilidades y pidan una investigación si realmente les preocupa nuestra salud mental».