Indemnizan con más de 16.000 euros al hombre que grabaron defecando unos policías locales de Málaga

Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2022. Ni un mes más tarde, el conductor acudió a la Comisaría de Palma-Palmilla para interponer una denuncia. Aunque el Ayuntamiento de Málaga incoó un expediente disciplinario entonces a los agentes que aparecían en la denuncia y a un tercero también implicado, que se cerró con una sanción de 15 días de suspensión de sus funciones para cada uno de ellos, el Consejo Consultivo de Andalucía ha estimado ahora la reclamación patrimonial del conductor al Consistorio.

El órgano regional expone en su dictamen, consultado por este periódico, que la difusión de las imágenes repercutió «mucho» en su trabajo «al ver cómo los compañeros se mofaban y burlaban de él pasándose las fotos de unos a otros». Prueba de ello, apuntan, el informe clínico del Hospital Regional de Málaga del 5 de junio de 2023, en el que se detalla que el conductor fue atendido por primera vez en la unidad de salud mental comunitaria en julio, derivado por su médico de Atención Primaria tras un empeoramiento del cuadro ansioso que padecía desde hacía casi dos años.

En dicho informe, el paciente alega haber experimentado desde hacía unos meses «malestar significativo a partir de la difusión de una imagen suya en el trabajo, ante lo que experimentaba sentimientos de rabia y humillación». Asimismo, el perito de parte dictamina que «existe relación directa entre el desequilibrio del estado mental del paciente y el suceso relatado, concluyendo que este hecho »actúa como disparador y agravador« de su estado mental.

De esta manera, el Consejo considera probado que la situación del conductor, que ya presentaba un cuadro de ansiedad por el que estaba en tratamiento y por el que ya había estado en situación de incapacidad laboral transitoria cuando sucedieron estos hechos, se vio agravada tras la captación y divulgación del vídeo en el que aparecía defecando. De hecho, fue dado de baja laboral a partir del 1 de enero de 2023 hasta junio de ese mismo año, según publica 'Sur'.

Es por ello que el dictamen señala el «ánimo de burla» en la actuación «directa, voluntaria y negligente» del agente actuante, en connivencia con sus compañeros, cuando fotografía al reclamante «durante un acto íntimo sin justificación». «Es evidente que los agentes de policía infringieron su código ético y las obligaciones que tienen conforme a la normativa aplicable. Su conducta merece ser calificada como grave o muy grave no solamente a efectos disciplinarios porque se prevalecieron de su condición de funcionarios públicos para realizar la captura de esas fotografías, como así se resolvió, sino por la ejemplaridad que de ellos se presupone debiendo ser un referente y por la confianza que generan en los ciudadanos», alega.