Identifican a dos represaliados por el franquismo en una fosa común

Menos fortuna ha tenido Amelia Puerto Gil, que falleció a finales de 2021 a los 92 años y que, igual que Remigia, buscó ayuda en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para recuperar los restos de su padre, Romualdo Puerto Ibarra, asesinado también en Guadalajara cuatro días después que Francisco. Ambos fueron arrojados a una fosa común del cementerio de Guadalajara junto a otros 19 represaliados por el franquismo.

En octubre del año 2020, la ARMH exhumó varios cuerpos de la fosa y, tras lograr identificar los restos óseos de Francisco y Romualdo mediante pruebas de ADN con sus descendientes, éstos los recibieron este fin de semana en un acto celebrado en el cementerio de la capital alcarreña.

En el caso de Romualdo Puerto, jornalero de Sacedón (Guadalajara), fue ejecutado a los 37 años de edad. Había pertenecido al sindicato UGT y, después de un juicio sumarísimo, fue condenado a muerte. Su hija Amelia, que residía en Francia, movilizó a la familia para recuperar el cuerpo de su padre. Como falleció hace varios meses, fue un nieto de Romualdo, Ángel, quien se desplazó a Guadalajara. Según relató, «mi madre me contaba que el abuelo Romualdo había huido a la frontera francesa para huir de la represión franquista pero decidió volver a su casa cuando se enteró de que una nueva ley permitía regresar a los que no tuvieran las manos manchadas de sangre. Pero al volver a su pueblo los falangistas se lo llevaron y fue juzgado y sentenciado».

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En cuanto a Francisco Cordón, jornalero de Tajuña (Guadalajara), estaba afiliado a UGT y había sido tesorero del PCE. Un juicio sumarísimo le condujo a su ejecución a los 42 años de edad. Los dos llevaban ocho décadas en una fosa común en la que se hallaron 21 cuerpos, 6 de los cuales han sido identificados. Según datos de la ARMH, en el cementerio de Guadalajara aún quedan por excavar 12 fosas comunes en las que se acumulan más de 250 represaliados por el franquismo. Esta asociación piensa llevar a cabo las exhumaciones y lo seguirá haciendo con fondos propios procedentes de donativos y sin recibir subvenciones públicas pues considera que éstas son discriminatorias y que el Gobierno de España debería abrir una oficina para atender a las familias de estas víctimas y buscar a quienes fueron arrojados a fosas comunes.