La herencia de Mugabe

La renuncia y la paciencia se convirtieron en prácticas habituales. La gente dejó de utilizar el transporte público porque no podía permitirse pagarlo. Los empleados acudían al trabajo a pie o en camiones que recogían viandantes, antes de que las empresas cerraran definitivamente. Los habitantes de las ciudades realizaban largas colas en las tiendas, donde todo escaseaba, hasta que los propietarios, arruinados, bajaron definitivamente la persiana. Muchos llegaban a la puerta del comercio y comprobaban que sus voluminosos fajos de billetes habían perdido buena parte de su valor durante la espera.

La penuria llegaba a las zonas rurales y los campesinos recurrieron a la práctica ancestral del trueque. Los residentes cerca de la frontera se trasladaban a Sudáfrica o Botsuana para hacerse con pan y otros productos de primera necesidad. Los contrabandistas, conocidos como 'omalayitsha', proliferaron tras el anuncio del Gobierno de prohibir la importación de determinadas mercancías o la imposibilidad de conseguir divisas para adquirirlas.

Algunas voces hablaron de genocidio económico para explicar este drama, que sólo cuenta en la historia contemporánea con un precedente más terrible: la crisis que padeció Hungría tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, en este caso, no hubo un hecho bélico descomunal que lo sustentara. La ambición personal de su líder y una visión monolítica del poder explican que la colonia africana con mejores perspectivas como Estado independiente, un país con inmensos tesoros naturales y reclamos turísticos, se convirtiera en uno de los más pobres del mundo, poseedor de niveles de renta inferiores a los de Afganistán o Malí.

No fue un fenómeno imprevisto. Desde su ascensión al poder, el presidente Mugabe quiso implantar un sistema socialista y era consciente del riesgo que comportaban sus pretensiones nacionalizadoras del aparato productivo. Zimbabue era un país rico, pero extraordinariamente injusto. Su prosperidad se sustentaba en la exportación de tabaco, algodón y otros productos cultivados en 4.500 explotaciones en poder de la minoría blanca, mientras que 840.000 agricultores negros dependían de minúsculas y pobres parcelas.

Los riesgos se desplegaban ante sus ojos. Un memorando del Banco de la Reserva advertía de que la medida provocaría el efecto de una ventolera sobre un castillo de naipes. Los latifundios comerciales se vinculaban a otros 350.000 puestos de trabajo, estaban íntimamente ligados al sistema bancario, suponían la mayor fuente de ingresos fiscales y aportaba fondos para una red de escuelas y hospitales en el campo.

A principios de siglo, la situación ya no era boyante en el país austral. Los agujeros presupuestarios provocados por las generosas compensaciones a los guerrilleros, siempre tan leales, y su implicación en la guerra de Congo lastraban los recursos. En cualquier caso, el dirigente no se dejó intimidar por los evidentes peligros y, entre 2000 y 2003, procedió a confiscar las propiedades de los terratenientes blancos.

Desgraciadamente, durante el proceso, extravió la voluntad social reparadora. La mayoría de las haciendas acabó en manos de sus antiguos compañeros de armas en la guerra contra el régimen segregacionista. Sus enemigos aseguraron que el objetivo de la operación era, en realidad, comprar lealtades para su sistema autoritario.

El desplome se inició de inmediato. Los inversores abandonaron Zimbabue atemorizados ante la posibilidad de que las expropiaciones alcanzaran a otros sectores, la medida quebró el sistema financiero, muy dependiente del crédito agrícola, y la tierra perdió el 75% de su valor. Las víctimas de la esquilma emigraron a otros países donde fueron acogidos con su experiencia y medios, e, incluso, se les proporcionó suelo. Algunas fuentes señalan que la irrupción del fenómeno del Niño, con su sucesión de sequías e inundaciones, agravó las consecuencias de la mala gestión llevada a cabo por los nuevos propietarios. En cualquier caso, el Producto Interior Bruto perdió más de doce puntos durante el periodo de expropiaciones.

El temor popular comenzó a propagarse en 2004 cuando la inflación anual se disparó al 624%. No había margen para el descontento ante la represión sistemática. Un año después, Mugabe lanzó la Operación Murambatsvina, destinada a destruir los arrabales urbanos, hogar de los más humildes, escenario del floreciente mercado negro y habitual foco de protestas. La devastación expulsó a 2,4 millones de residentes, a lo que se prometió una nueva vivienda que nunca llegó.

Pero el derrumbe no dio cuartel. El aparato productivo se vino abajo ante la escalada hiperinflacionista. En 2007, el Fondo Monetario Internacional estimaba una inflación del 100.000% anual. Mientras el pánico y la hambruna se desencadenaban, el Gobierno prometía acabar con los 200 empresarios blancos que aún permanecían en el país.

El régimen emitió moneda de manera desaforada. La deriva alcanza sus peores registros en 2008, cuando el Banco Central comenzó emitiendo billetes de 10 millones de dólares zimbabuenses y finalizó lanzando otros por valor de 100.000 millones. La población pasó a desdeñar el metálico local, a pesar de ser exigida en autobuses o comercios, y utilizar el rand sudafricano, el dólar estadounidense o el euro.

Hoy, la economía ya no existe. Más del 90% de la población se halla en paro y entre cuatro y cinco millones de trabajadores buscan otros horizontes. La fuerza laboral de Zimbabue se encuentra fuera de su tierra y, desde aquel éxodo, la población sobrevive gracias a las remesas de los expatriados en Sudáfrica, muchos de los cuales permanecen en situación ilegal y son acosados por la creciente xenofobia que sacude Johannesburgo.

El régimen tuvo que admitir su derrota y reconoció como válido el uso de monedas extranjeras. El mundo creyó que el problema se había resuelto y hace dos años, cuando Mugabe fue destituido, también supuso que el país había retomado la senda de la cordura. Pero la sombra de la hiperinflación puede ser muy alargada, sobre todo cuando no se llevan a cabo acciones para impulsar la economía destruida y el mundo no confía en las promesas de un nuevo dirigente, Emmerson Mnangagwa, implicado en la nefasta gestión y las prácticas represivas de su antecesor. Tras la desaparición del dólar nativo, la Administración emitió bonos, rápidamente devaluados, y se generalizó el uso del pago electrónico, sobre el que las autoridades quieren ahora imponer una tasa del 2%.

Una década después, la penuria sigue golpeando al país. El eco de la catástrofe se percibió con dureza el pasado mes de enero. Zimbabwe asistió a un descomunal aumento del 166% en el valor de la gasolina hasta alcanzar el precio más alto de todo el mundo. Los nuevos modos del gobierno se descubrieron a la hora de reprimir la ola de violencia que provocó la medida. El Ejército se desplegó y los cuerpos de seguridad respondieron con fuego real, matando a 13 manifestantes.

No se trató de un suceso aislado, sino la prueba de que nada ha cambiado en el poder y de que la elite política se niega obstinadamente a abandonar los resortes del poder, a pesar de caminar sobre ruinas. Hoy, la capital, Harare, se presta a recibir el cadáver de Mugabe, el héroe nacional, hombre que luchó por la independencia de Rodesia del Sur. Se trata de la misma ciudad que, con una deuda de más de 700 millones de euros, imposible de pagar, ni siquiera puede garantizar el suministro diario de agua potable.