El Gobierno estudia implantar un modelo de pago «simbólico» en las autovías gratuitas

El Gobierno estudia implantar un modelo de pago «simbólico» en las autovías gratuitas
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A cambio se liberarían de peaje las autopistas en las que venza la concesión

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El Gobierno continúa estudiando un modelo para asegurar la viabilidad de la red de autovías del Estado. Según informa el diario El País,el Ministerio de Fomento plantea implantar un pago por el uso de las autovías actualmente gratuitas. El coste para los usuarios sería «simbólico», en torno a la décima parte de lo que se paga de media en las autopistas de peaje, según indican fuentes del Ministerio a El País.

El mantenimiento de las autovías tiene un coste anual de 11.000 millones de euros y por ello José Luis Ábalos, Ministro de Fomento en funciones, aseguró en el Congreso la pasada legislatura que buscaría el consenso para establecer una fórmula que permita hacer frente a este gasto.

Entre las alternativas barajadas por el equipo de Gobierno está la del pago por uso de dichas autovías, cuyo coste sería muy inferior al de las autopistas de peaje privadas. Esto se debe a que el pago únicamente serviría para costear el mantenimiento de las infraestructuras y su impacto medioambiental, mientras que en las autopistas sirve también para financiar su construcción. También se plantea destinar parte de esta recaudación a rebajar los peajes tradicionales donde aún estén vigentes las concesiones.

Según indican fuentes ministeriales a El País, con este modelo «el pago sería más uniforme en todo el territorio y no pasará como ahora que unos territorios soportan mucho peaje y otros prácticamente nada». De hecho, el Ministerio de Fomento defiende que el usuario al final no va a pagar más que ahora por la utilización conjunta de autopistas y autovías, ya que las autopistas cuya concesión finalice se van a liberar del actual peaje. El pasado mes de diciembre el Gobierno ya suprimió el peaje de la AP-1 de Burgos-Armiñon por vencimiento de la concesión.

De todas formas, las mismas fuentes ministeriales aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada y que antes de llegar a la fase ejecutiva se quiere articular un consenso político amplio que formaría parte de un Pacto de Estado para la movilidad. En dicho pacto se quiere incluir a las comunidades autónomas y las diputaciones forestales que también tienen vías de alta capacidad.

Para el Gobierno, la elección de este modelo frente a otros cuenta con varios factores a favor: ya se emplea en otros países europeos, internaliza costes, mejora la cohesión territorial, libera presión fiscal y facilita la transición ecológica.